En enero de 1958, hacia el final de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, nuestro gremio inició una huelga que se prolongó durante tres meses y que fue reprimida, incluso, disponiendo la movilización militar de muchos bancarios que fueron acuartelados en dependencias de las Fuerzas Armadas. El conflicto fue superado mediante una negociación con el nuevo Presidente Arturo Frondizi, luego de electo en elecciones con la proscripción del peronismo. Se estableció entonces, por Decreto, un nuevo escalafón de salarios para la actividad (que incluía desde el gobierno peronista a los trabajadores del seguro) que debía ser actualizado cuando la inflación superara el 10%. Este logro básico para la vigencia de una convención colectiva y, como es habitual, pronto fue desconocido por las patronales, que se escudarían en el que fue el primer plan de ajuste acordado por nuestro país, en diciembre de 1958, con el Fondo Monetario Internacional. Según este plan los aumentos debían ser regidos por el aumento de la productividad.
El conflicto surgió cuando el alza de precios obligaba a la actualización de la escala salarial. Ante la demora en reconocer el derecho adquirido, a partir de la segunda quincena de marzo de 1959, se decidieron -tanto por nuestro sindicato como por el de los trabajadores del seguro-, paros parciales. El Gobierno como las patronales mantuvieron una actitud intransigente, pero el 1° de abril se intentó una tregua, se abonarían los salarios de marzo a los huelguistas y la Asociación Bancaria esperaría hasta el 10 de abril el correspondiente aumento salarial. La situación por el maltrato y las presiones en los bancos seguiría tensa.
El 3 de abril una manifestación fue reprimida en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, las habituales maniobras dilatorias tanto del gobierno de Frondizi, que pronto olvidó sus promesas electorales, como de las patronales, llevaron a que el 13 de abril de 1959 se convocaran paros para el 14 de abril, el 15 se trabajaría. El 16, de no haber soluciones, en una convocatoria que había hecho el Ministerio de Trabajo, se iniciaría una huelga por tiempo indeterminado. El Gobierno forzó la situación decretando feriado bancario para los días 14 y 15 con el fin de doblegar a nuestro sindicato. La Bancaria fue allanada e intervenida por el Gobierno, que emitió un decreto disciplinario que modificaba la Ley 12637 de estabilidad y carrera bancaria a instancias de las patronales. Por ello se podía despedir, sin necesidad del sumario, al que dicha Ley obligaba. Es decir hubo represión ilegal contra nuestro sindicato, un «lock out» o paro patronal, llevando a un crítico extremo un conflicto que se debía resolver cumpliendo lo acordado en 1958. Se desplegó una represión policial, con apaleamientos y detenciones hasta el 12 de junio, día en que finalizó la huelga.
Es que los bancarios habían demostrado su voluntad gremial no sólo con paros, sino con importantes movilizaciones callejeras, que confluyeron con otros conflictos sindicales originados en el plan de ajuste determinado por el Gobierno, que como decimos, traicionó sus compromisos electorales. Este espacio es exiguo para relatar y analizar aquel conflicto, pero hemos de decir que luego del golpe de 1955, en el afán de contener la resistencia obrera a la dictadura, en una ilegítima reforma constitucional, se reconoció en el art. 14 bis no sólo el derecho de huelga, sino también a concertar convenios colectivos de trabajo, es decir a la negociación paritaria, y al principio de «a igual trabajo, igual salario». Este reconocimiento, que no se concretó en todos sus términos, reforzó los argumentos de nuestros huelguistas.
El conflicto derivaría en un compromiso asumido por un representante del Gobierno, el Presidente del Bloque de Senadores de la Unión Cívica Radical Intransigente, Francisco Melani, de alcanzar la libertad de todos los detenidos, la reincorporación de los cesantes, el cese de la intervención a la Bancaria y al sindicato del seguro, el restablecimiento de las garantías para la actividad sindical, el cese de la intervención al Instituto de Servicios Sociales, compensaciones por los días de huelga descontados y un aumento salarial que fue establecido por decreto, aunque sujeto al incremento de la productividad.
Quedaría irresuelto el de la reincorporación de todos los despedidos que alcanzaron la cifra de 5.000.
Muchos nunca fueron reincorporados, ni en ese momento ni tras la sanción de dos leyes en 1964, la de reincorporación de cesantes bancarios, ni la de preferencia en el ingreso para los cesantes bancarios en el período 1955 a 1983. Las entidades más recalcitrantes para hacerlo fueron las del sector privado, encabezadas por los bancos City y Boston (hoy ICBC).
Hubo durante esos años reincorporaciones parciales. Incluidas las registradas en 1973 y en la segunda mitad de la década del 80 en la que contados cesantes de 1959 reingresaron a los bancos, junto a muchos otros despedidos por la dictadura instaurada en 1976.
Estas reparaciones, aunque parciales, dieron testimonio del compromiso del sindicalismo bancario con esa causa irrenunciable, con esos trabajadores despojados de su trabajo, muchos anónimos, que son junto a los de otros períodos, la MAYOR EXPRESIÓN DE LA DIGNIDAD SINDICAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES BANCARIOS. Sin ellos nuestros derechos no serían los mismos.
Eduardo Berrozpe
