El aguinaldo en Argentina, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), es mucho más que un beneficio económico: es un símbolo de conquista laboral y justicia social. Su origen está vinculado con las políticas impulsadas por Juan Domingo Perón durante su primera presidencia (1946-1952), lo que marcó un antes y un después en la historia de los derechos laborales del país.
Fue en 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que Perón comenzó a delinear una “reforma laboral” profunda. El objetivo era mejorar las condiciones de los trabajadores. Un año después, ya como presidente, promulgó la Ley 12.921, que establecía el pago del aguinaldo de manera obligatoria y dividida en dos cuotas anuales.
Esta medida no solo representó una mejora directa en el salario real de los trabajadores, sino que se convirtió en un pilar del modelo de justicia social peronista. Fue sancionada el 20 de diciembre de 1946, apenas un año después del decreto que dio origen a la medida. Este hito marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y los trabajadores, al institucionalizar el pago del aguinaldo como un derecho inalienable.
El aguinaldo se transformó en una herramienta efectiva de redistribución del ingreso, lo que favoreció el vínculo entre el peronismo y los sectores populares. Su impacto fue inmediato: permitió a las familias trabajadoras afrontar gastos extraordinarios, acceder a bienes de consumo y mejorar su calidad de vida.
En la actualidad, el aguinaldo sigue vigente como parte fundamental de los derechos laborales en Argentina. Si bien hubo debates sobre su forma de cálculo o su impacto económico, el espíritu de la medida permanece intacto. Cada diciembre y junio, millones de argentinos reciben este ingreso adicional que, más allá del monto, representa una herencia histórica y un recordatorio del rol que el Estado puede tener en la mejora de la vida de sus ciudadanos.
Fuente: Destape
