Mientras el gobierno ataca en distintos planos y corrompe la ANDIS, las personas con discapacidad pelean.
Hoy nos llegan discursos de odio que bajan desde el presidente que usa nuestra condición como insulto. Estas expresiones demuestran que esas ideas del descarte, lo “anormal” y nuestra ciudadanía como sujetos de derechos coexisten y chocan.
Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), con otras organizaciones de personas con discapacidad y de Derechos Humanos presentaron un documento ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, denunciando los retrocesos en políticas de protección social en Argentina. Las medidas del gobierno nacional ponen en riesgo derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El Decreto 843/24 restableció muchos de los criterios del decreto 432/97, que se basaba en el modelo médico rehabilitador. También se derogaron avances previos como los decretos 7/23 y 566/23 que compatibilizaban el cobrar una pensión con el trabajo registrado.
Otra deuda con las personas con discapacidad es el cumplimiento de la Emergencia Nacional en Discapacidad. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27793 con el decreto 681/25 pero dejó en suspensión su aplicación “por falta de financiamiento”. Esta norma se aprobó en el Congreso que, además, rechazó el veto presidencial con los votos de los dos tercios de los diputados y senadores de ambas cámaras. Tanto la instancia del Congreso como la movilización de las personas con discapacidad fueron históricos.
Fuente: Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI)
