Por Santiago Mancinelli
El total de deuda bruta en moneda extranjera de la Administración Central que deberá pagar el gobierno del Presidente Alberto Fernández (2020-2023) en cuatro años, en concepto de capital e intereses, será de USD 151.398 millones. Sólo de intereses el próximo gobierno deberá pagar el año que viene 3,7% del producto bruto interno.
Los intereses que se deberán pagar en moneda extranjera en 2020 serán USD 11.035 millones, proyectándose para los próximos cuatro años un total de intereses en moneda extranjera de USD 36.252 millones. Los intereses en moneda en pesos para los próximos cuatro años serán de USD 11.060 millones. Entre 2021 y 2023 se deberán pagar al Fondo Monetario Internacional en concepto de capital USD 36.230 millones y en concepto de intereses USD 5.097 millones.
Los pagos de capital acordados de forma irregular por el actual gobierno saliente, representarán el 91,4% del total de deuda a pagar a Organismos Internacionales tanto para 2022 como 2023 y representarán el 44,7% y 48% del total de vencimientos de capital de la Administración Central para los años 2022 y 2023 respectivamente.
El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es un índice de ajuste diario, el cual es elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este indicador refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
El gobierno de Macri deja de herencia una deuda impagable y compuesta en su mayor parte en moneda extranjera.
Esto tiene como propósito ahogar las cuentas públicas del Estado nacional y de las provincias de la Argentina. Los Estados nacionales y provinciales quedan desfinanciados tanto en pesos como en dólares.
El macrismo desfinanció los recursos en pesos de la Nación bajando impuestos, como las retenciones, que impactaron en los aumentos de los alimentos y endeudó en divisas al conjunto del país, al mismo tiempo que permitió una fuga de capitales de más de USD 100.000 millones por la desregulación de la cuenta capital.
Macri implementó el cambio más feroz en los precios relativos que se recuerde en la historia reciente del país aumentando servicios, combustible, tipo de cambio y tasa de interés y bajando el salario, con una pérdida acumulada en el poder adquisitivo en estos cuatro años del 20%. Su gobierno modificó la ley de actualización jubilatoria perjudicando a los beneficiarios de la seguridad social junto con la destrucción de todo el sistema de salud mediante el desfinanciamiento y la quita de prestaciones del PAMI.
La política económica del macrismo hizo caer el producto bruto interno de USD 642.464 millones en 2015, según las mediciones del Fondo Monetario Internacional, a USD 445.469 millones en 2019, un desplome de 30,7% en cuatro años. El PIB per cápita cayó de USD 14.601 en 2015 a USD 10.124 en 2019. El segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner el PIB per cápita aumentó de USD 13.174 en 2012 a USD 14.601 en 2015.
La pobreza medida por ingresos, según el INDEC, fue de 30,3% en el segundo semestre de 2016 pasando a registrar una pobreza de 35,4% en el primer semestre de 2019. Esto significó que los pobres pasaron de 13,5 millones en el segundo semestre de 2016 a 15,8 millones en el primer semestre de 2019, registrando un aumento de pobres de más de 2,2 millones de compatriotas. Con respecto a la indigencia, se registraron 2,4 millones de indigentes en el segundo semestre de 2016, que representaron el 6,1% de la población. En el primer semestre de 2019 se registraron 3,1 millones de personas indigentes, que representaron el 7,7% de la población. En el período mencionado, aumentaron los indigentes en 639.203 personas según datos del INDEC.
Según datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, en el tercer trimestre del 2019 la pobreza alcanzó el 40,8% y la indigencia fue el 8,9% de la población, registrando 16 millones de pobres y 3,6 millones de indigentes. Según este estudio, el 59,5% de niños y adolescentes están comprendidos en la pobreza.
La inflación registrada por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco Central de la República Argentina registró para el período enero 2016 a octubre de 2019 un incremento de los precios del 248%. En el período de enero 2012 a octubre 2015 se registró un aumento de los precios del 141%.
El gobierno de Macri incrementó la variación de precios al consumidor para la misma cantidad de meses en los dos períodos presidenciales un 76% con respecto al segundo período presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue producido por los aumentos de los servicios públicos como electricidad del 2.136%, gas en 3.008%, agua en 515%, las prepagas en más del 165%, el subte en 222%, el tren con un aumento del 337%, los colectivos con un incremento del 333%.
Estos incrementos fueron registrados en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el período diciembre 2015 y diciembre 2018.
La evolución del empleo para el total de aglomerados registró una caída de enero de 2016 a septiembre de 2019 del 3%. La caída de comienzos de la actual crisis en enero de 2018 a septiembre de 2019 fue del 4,1%.
En cantidad de empleo destruido desde comienzos de la crisis en enero de 2018 a septiembre de 2019 significó la destrucción de 226.930 puestos de trabajo según la serie desestacionalizada para el total del país. Sólo en 2018 se cerraron 9.392 empresas, siendo el comercio al por mayor y menor junto con la reparación de vehículos automotores la más afectada con un cierre de 4.319 firmas.
Un ejemplo de las políticas neoliberales del actual gobierno saliente ha sido la destrucción sistemática de la banca pública.
En este sentido la política de Macri con el Banco Nación ha sido la desfinanciamiento del mayor banco público del país para financiar gastos corrientes del Tesoro nacional. Las políticas aplicadas son las mismas que se intentaron implantar durante la Convertibilidad en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para privatizar una herramienta fundamental para el desarrollo y el financiamiento de la actividad productiva como es el Banco Nación.
El BNA ha sufrido en liquidez y tasa de rentabilidad, a contramano del resto del sistema bancario. La decisión de transferir tres de las principales empresas del grupo BNA, como Nación factoring, fideicomisos y leasing, a la órbita del BICE ha debilitado adicionalmente su capacidad para intervenir en el mercado del crédito.
Esta política fue adoptada en conjunto con la retirada del sistema bancario de su función de prestamista de la actividad productiva, para reorganizar la actividad financiera en torno a las LELIQ y a la actividad especulativa, sacando a los bancos de su rol fundamental en el financiamiento del desarrollo. La intención de Macri de no renovar LELIQ y liberar cuantiosa liquidez al sistema, sin direccionar hacia un canal de financiamiento productivo dicho dinero, ejercerá enorme presión sobre la cotización de dólares paralelos como el dólar Contado con Liquidación, dólar MEP y dólar Blue. Adicionalmente ejercerá presión sobre la cotización del dólar oficial.
Las cuentas sin pagar que deja Macri condicionan indudablemente al gobierno que conduce el país a partir de este 10 de diciembre. Es la dura realidad que tenemos que afrontar.
