El 23 de septiembre de 1913 se promulgó la ley 9.143, conocida como “Ley Palacios”, que penalizó por primera vez en el mundo la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a las personas menores de edad frente a ese delito. En enero de 1999, durante la Conferencia de Mujeres en coordinación con la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, se instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”.
Desde la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, se dictaron 560 sentencias entre 2009 y noviembre de 2023, de las cuales el 72% de los hechos analizados constituyeron supuestos de explotación sexual: 1670 víctimas, el 98,7% mujeres y 9,8% menores de edad.
A 112 años de la pionera ley, Argentina carece de datos de cuántas mujeres están desaparecidas víctimas de explotación. Sin embargo, en 2023 se registraron 1.784 denuncias en la línea 145 según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
La trata no empieza con la captación ni con la desaparición, empieza con la desigualdad que provoca violencia. Y es obligación del Estado remover todos los obstáculos que perpetúan los patrones de desigualdad, en especial contra las mujeres y NNyA víctimas del delito de trata. Por el contrario, se han desmantelado políticas públicas tendientes a mitigar las desigualdades provocando además discursos de odio, discriminatorios y estigmatizantes.
Fuente: Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos aires.
