En el marco de la emergencia que vive nuestro país en el que, sobre al desastre impuesto por el gobierno precedente, se sumó el brutal impacto de la pandemia Covid-19, tenemos la obligación de señalar nuestro rechazo a cualquier medida de ajuste que se imponga a los trabajadores, con o sin empleo formal, activos o jubilados.
Es nuestra posición de siempre. Desde ella también, lo advertimos, es nuestro respaldo al Gobierno que, con los principios ineludibles de la Justicia Social, debe enfrentar esta conmoción que vivimos.
Por eso mismo desde un primer momento rechazamos la suspensión de la movilidad jubilatoria, que ya el anterior gobierno había convertido en regresiva. Desde entonces exigimos que tal decisión debe ser revertida.
Por las mismas razones rechazamos hoy la inconducente decisión de pagar, en el sector estatal, el aguinaldo en cuotas a trabajadores con salarios que ya sufren un injusto castigo impositivo sobre ingresos que tienen carácter alimentario.
Esta decisión es además contradictoria con la demora en sancionar la necesaria ley sobre el aporte de las grandes fortunas para la emergencia. Esa demora no la pueden pagar los trabajadores.
Reclamamos pues que el Decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes.
Recordamos asimismo que las relaciones laborales en nuestra actividad están comprendidas en el régimen de negociación colectiva y regidas por el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75.
Finalmente volvemos a señalar que los poderosos sectores económicos beneficiados por las irresponsables decisiones durante el período diciembre de 2015-diciembre de 2019, los profugadores de capitales y evasores de impuestos, los beneficiarios de reiterados blanqueos, los formadores oligopólicos de precios, los sub-facturadores de exportaciones son los que deben pagar, responder y aportar a la superación de la crisis.
Para ello no sólo es necesario el mencionado impuesto a las grandes fortunas, sino también URGENTE una verdadera reforma tributaria, de carácter progresivo.
Por lo mismo respaldamos la mayor firmeza frente a la extorsión de las corporaciones financieras que deben hacerse cargo de haber financiado un esquema económico que sabían inviable. Ninguna deuda se puede pagar a costa de los ingresos alimentarios de los trabajadores.
Que quede claro. Así no.
Buenos Aires, 23 de junio de 2020
SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
