LA SITUACIÓN DE LA ECONOMIA REAL LO EXIGE
Como venimos sosteniendo[1] la grave situación de la economía real exige como prioridad, una urgente recuperación del salario real, las jubilaciones, y el salario social complementario, siendo que además esta es la única vía para una rápida recuperación de la demanda interna, la producción y el empleo que prosiguen en caída debido a la política económica del gobierno de Javier Milei.
Esa recuperación debe partir de la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVN), un derecho constitucional, reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo que, en su artículo 116, define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Es decir, es un derecho que debe garantizar otros derechos. No puede caber duda por ello que, como mínimo, el SMVM, al igual que las jubilaciones, deben corresponderse con el valor de la CANASTA BÁSICA TOTAL (INDEC). La misma también debe ponderarse al determinar el salario social complementario, cuyo monto fue congelado desde diciembre de 2023 y desacoplado del SMVM.
Esa Canasta Básica Total (CBT) debe ser adecuadamente actualizada, pues la estructura de gastos sobre la que se calcula es notoriamente anacrónica[2] y limitada. A esta situación refiere el análisis sobre el salario real[3] que integra este texto.
El SMVM, que está hoy ubicado en los $ 322.000, no logra cubrir una canasta básica alimentaria para que una familia de cuatro integrantes no caiga en la indigencia, siendo que debería multiplicarse por cuatro para no caer en la pobreza. Es una de las consecuencias de la política económica de Javier Milei que ha generado desde el inicio de su mandato, una transferencia de ingresos de 43,7 billones de pesos del bolsillo[4] de los trabajadores a los sectores financieros, exportadores de materias primas y formadores de precios, deteriorando aún más las condiciones de empleo e ingresos del conjunto de la población.
En la emergencia que vivimos, la exigencia de recuperar los ingresos de las familias, junto al reclamo de a) reversión de la apertura irrestricta de las importaciones y b) políticas de crédito asequibles orientadas a la industria y la construcción de viviendas familiares, debiera unir a los sectores del trabajo y la producción vinculados al mercado interno y al interés nacional.
Es estratégico alcanzar esa unidad con contenido en momentos en que el Gobierno lleva adelante una ofensiva para arrasar con los derechos los trabajadores, centrada, no en crear empleo, sino en “reducir los costos laborales”[5] , que de prosperar supone la caída de la demanda interna vía la reducción de salarios y contribuciones a la seguridad social, disminuyendo los ingresos de la mayoría productiva de nuestra sociedad para concentrarlos en la minoría más rica.
Pues, de aprobarse el regresivo “Proyecto de Ley de Modernización Laboral” que el presidente Javier Milei ingresó en el Congreso de la Nación se profundizará la pérdida de puestos de trabajo, la precarización laboral, y el cierre de empresas, así como, en términos reales, el descenso de la recaudación tributaria.[6]
Esto último significa menos recursos para salud, educación y obra pública, menores jubilaciones y pensiones, menos transferencias a las provincias para que brinden servicios públicos esenciales, mayor endeudamiento de las familias, mayor caída de la demanda efectiva, en tanto el gobierno para sostener un “modelo” inviable seguirá con el negocio financiero de incrementar la deuda pública.
Así es y será imposible un orden macroeconómico real y sustentable.
UNA DÉCADA DE PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO QUE PROFUNDIZA DESIGUALDADES[7].
El salario real en Argentina atraviesa un proceso de deterioro persistente desde hace casi una década. Tomando como base el Índice de Salarios (IS) del INDEC con base en diciembre de 2016 = 100 —momento a partir del cual se reanuda la publicación regular del IPC tras el apagón estadístico—, el índice total de salarios reales se ubica en septiembre de 2025 (último dato disponible) en torno a los 77,9 puntos, lo que implica una pérdida de al menos 22% del poder adquisitivo. En términos prácticos: hoy el salario promedio compra una quinta parte menos que en 2016.
El deterioro ha sido más intenso en el sector público, con una caída acumulada del 32,9%, frente a una reducción del 18,2% en el sector privado registrado
Fuente: elaboración propia en base a IS e IPC INDEC
Cabe destacar que el índice total incorpora también al componente de asalariados privados no-registrados, estimado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. Entre diciembre de 2016 y el último dato disponible, este componente mostró una baja real del 15,6%. Esta “menor caída real” debe leerse con reservas por razones metodológicas: el salario privado no-registrado presenta un rezago de cinco meses, por lo que el dato de septiembre de 2025 corresponde en realidad a abril de 2025. Corrigiendo ese rezago, la caída real entre diciembre de 2016 y abril de 2025 asciende al 17,8%, mientras que para el mismo período el IS total recalculado corrigiendo el rezago del componente no-registrado muestra una baja real del 23,1%.
Además, el índice de salarios no registrados no mide un “precio puro” del salario como los otros componentes, sino que lo aproxima, ya que su evolución está afectada por cambios en la composición del empleo. En el último período, la expansión de las plataformas digitales, la posibilidad de trabajar de manera remota para el exterior y otras formas atípicas de inserción laboral tiende a distorsionar la lectura tradicional de la evolución salarial de este componente.
Por otro lado, para el conjunto de componentes, debe considerarse que el IPC actual sigue basado en una canasta de consumo de 2004/05, actualizada por última vez en 2016. Desde entonces, la estructura de gastos de los hogares cambió de manera significativa: hoy pesan relativamente menos los alimentos y mucho más los servicios como luz, gas, agua, transporte y comunicaciones (ENGHo 2017/18). Este desfasaje hizo que, en el último período, los aumentos de tarifas quedaran subrepresentados en la inflación oficial —en los hechos, el IPC actual “aplanó” los tarifazos—.
Por ejemplo, en abril de 2024 el IPC nacional registró una suba mensual del 35,6% en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que en la ENGHo 2004/05 tiene un peso del 10,3%, mientras que, con un IPC nuevo, basado en la ENGHo 2017/18 la participación ascendería al 15,1%. Como resultado, el salario real calculado con el IPC actual sobrestimaría el poder de compra efectivo de los ingresos. Contrariamente, cuando se actualice la canasta del IPC, el nuevo índice asignará un menor peso relativo al rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (22,9% frente a 21% aproximadamente), que desde mayo de 2025 vienen mostrando una aceleración mensual sostenida (1,5 %, 1,6%. 1,9%, 1,9%, 2,1% y 2,3% en octubre 2025).
Fuente: elaboración propia en base a las Encuestas Nacionales de Gasto de los Hogares del INDEC.
Más allá de las particularidades metodológicas, el dato estructural es claro: el salario real no logra sostener ninguna fase de crecimiento prolongado. Las variaciones por gestión confirman una dinámica de contracción persistente y con marcada heterogeneidad sectorial. Durante el período que comprende al gobierno de Mauricio Macri, el salario del sector privado registrado cayó 13,6% en términos reales y el del sector público 17,3% (oct-15 a nov-19). En el período de Alberto Fernández -atravesado por la pandemia, las caídas fueron más acotadas, pero igualmente negativas (–4,7% en el sector privado y –5,6% en el público) (nov-19 a nov-23).
En la etapa iniciada con Javier Milei, la contracción se concentra casi exclusivamente en el empleo estatal: el salario privado registra una baja de –0,7% (tras el desplome inicial del primer trimestre de 2024), mientras que el salario público se derrumba –14,0% (a su interior -32,6% APN, -6,3% SP provincial y -28,6% universidades), consolidando su rol como principal ancla del ajuste fiscal real (nov-23 a sept-25)[8]. A septiembre de 2025, los índices de salarios registrados tanto del sector privado como del público permanecen por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno (noviembre de 2023).
El resultado es un proceso de empobrecimiento persistente de los ingresos laborales, que erosiona el consumo, debilita el mercado interno y amplifica las desigualdades.
A casi una década del punto de partida, el balance es contundente: el salario dejó de funcionar como mecanismo de integración social y de ascenso. Hoy opera, en el mejor de los casos, como un ingreso defensivo, insuficiente para proyectar bienestar o movilidad social. La trayectoria del gráfico no expresa solo una crisis coyuntural, sino una transformación más profunda en la relación entre trabajo, Estado y bienestar, construida —hasta ahora— sobre la sistemática reducción de la remuneración del trabajo, por debajo de su valor social.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Analía Calero, Norberto Crovetto, Juan Pablo Costa, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que participan en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
[1] https://labancaria.org/foro-economia-y-trabajo-no-basta-con-oponerse-hay-que-decir-que-hacer/
[2] Un aspecto metodológico central es que el INDEC mantiene pendiente —además del IPC— la actualización de la Canasta Básica Total – CBT(línea de pobreza) y Canasta Básica Alimentaria- CBA (línea de indigencia) con la Encuesta Nacional de Gastos de los hogares (ENGHo) 2017/18. Esta revisión es relevante dado que, por ejemplo, para el total país, la participación del gasto en Alquileres aumentó de 3,6% a 5,1% respecto de la ENGHo 2004/05 y Electricidad, gas y otros combustibles de 3,8% a 5,8%, ambos incluidos en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”. Asimismo, el rubro Transporte —de especial importancia para la población trabajadora— pasó de 11,6% a 14,2%. Estos cambios en la estructura de gasto tenderían a elevar el valor actualizado de la CBT y, en consecuencia, el ingreso mínimo necesario para no caer por debajo de la línea de pobreza.
[3] Autora: Analía Calero. Docente FCE-UBA e ICSyA- UNAJ
[4] Informe de coyuntura noviembre 2025 del Mirador de la actualidad del trabajo y la economía (MATE) www.mateconomia.com.ar
[5] lo que implica la imposibilidad para las familias trabajadoras de acceder a todos los derechos que debiera garantizar el salario mínimo vital y móvil.
[6]dónde en 10 meses, personas físicas, compraron 34.420 millones de dólares sin pagar el Impuesto PAÍS, que supo tener una tasa del 25% y hubiera significado en ese lapso un ingreso neto al fisco de 8.605 millones de dólares; donde se pretende crear un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias sin tomar en cuenta el aumento del patrimonio del contribuyente; o donde se eliminan y reducen impuestos internos a los artículos de lujo, obligando a realizar un ajuste del gasto del Sector Público Nacional de 5 puntos del producto (era del 19,6% del PIB en el año 2023 y pasó a ser del 14,6% del PIB en 2025) equivalente a unos 27.500 millones de dólares,
[7] Autora: Analía Calero. Las opiniones expresadas en el texto de este análisis, compartidas por los firmantes del Foro Economía y Trabajo, son de exclusiva responsabilidad de la autora y no necesariamente reflejan la posición de las instituciones donde se desempeña.
[8] El INDEC publica la apertura del índice salarial para el sector público —que representa aproximadamente el 30% del índice general (el resto corresponde al sector privado: 50% registrado y 20% no registrado)— con datos disponibles desde enero de 2022, aunque sólo para dos de sus tres componentes: Administración Pública Nacional (APN) y Sector público provincial. El componente correspondiente a Universidades nacionales se estimó aquí a partir del salario del escalafón docente universitario (profesor adjunto, dedicación simple, sin antigüedad).
