El primer día de julio de 1974 falleció el General Juan Domingo Perón, cuando por tercera vez, siempre electo por el Pueblo, ejercía la Presidencia de la Nación. Fue y es el mayor estadista argentino, e irrumpió en la historia grande de nuestro Pueblo junto con los trabajadores sindicalmente organizados el 17 de octubre de 1945.
Fue el primer Presidente electo en elecciones libres y sin proscripciones, por todas y todos, mujeres y hombres.
Fue derrocado –1955–, perseguido, denigrado y exiliado por promover nuestra Soberanía Nacional, la Independencia Económica y la Justicia Social. Volvería a nuestra Patria, gracias a la resistencia popular que tuvo como protagonista central al movimiento sindical y el compromiso de las jóvenes generaciones a las que se les negaba elecciones libres y democráticas.
Fue en esos años donde, con salvajismo, se ensayó contra esa resistencia y se desarrolló el terrorismo de estado que, con posterioridad a su último gobierno, tuvo su máxima expresión en la Dictadura genocida de 1976-1983.
Durante su primer gobierno promovió una reforma constitucional –1949– que sintetizó por primera vez un Proyecto Nacional, de democracia real, de igualdad, de ejercicio pleno, a la que refiere el texto que reproducimos al final de esta nota, pues hoy debemos preguntarnos –en el marco de la profunda crisis que atravesamos– sobre la necesidad de recuperar esa orientación de Constitucionalismo Social, también a la vista de la mezquindad de los poderosos ante las necesidades de nuestra sociedad.
Esa reforma, derogada tras su derrocamiento en 1955, es sin duda representativa de su visión de estadista que, en los últimos años de su vida, se expresó en su visión ecológica contra la destrucción de la naturaleza.
Por ello es también imprescindible hoy recordar a Perón, en primer lugar en su compromiso ecológico y mensaje ambiental, que no supimos escuchar, sobre todo en estos tiempos de pandemia que nos conmociona y está originada a partir de la depredación irracional de la naturaleza.
Estamos seguros que vale la pena leer.
Eduardo Berrozpe
Secretario de Prensa
Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo
Por Juan Domingo Perón
Desde Madrid, difundido el 21 de febrero de 1972
Hace casi treinta años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporáneo, anunciamos la Tercera Posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones, frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario Tercer Mundo, un peligro mayor –que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia– nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas, y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.
Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del Tercer Mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia.
Los hechos
El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones.
En el último siglo ha saqueado continentes enteros y le han bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales, y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta, sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, inmunidad y contaminación en las ciudades y se grava con las consecuencias de la vida sedentaria.
Despilfarro masivo
Las mal llamadas «sociedades de consumo», son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto, por el gusto que produce el lucro. Se despilfarra mediante la producción de bienes necesarios o superfluos y, entre éstos, a los deberían ser de consumo duradero, con toda intención se les asigna cierta vida porque la renovación produce utilidades.
Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos, pero no para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana, y hasta se apela a nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Como ejemplo bastan los autos actuales que debieran haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos, o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique de los mismos.
No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados, funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo.
De este modo el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble: algunas clases sociales –la de los países de baja tecnología en particular–sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente alimentados, ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad y del tedio, y los vicios que produce el ocio mal empleado.
El espejismo de la tecnología
Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse, mientras un fantasma –el hombre– recorre el mundo devorando 55 millones de vidas humildes cada 20 meses, afectando hasta países que ayer fueron graneros del mundo, y amenazando expandirse de modo fulmíneo en las próximas décadas. En los centros de más alta tecnología se anuncia entre otras maravillas, que pronto la ropa se cortará con rayos láser y que las amas de casa harán compras por televisión y las pagarán mediante sistemas electrónicos. La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie.
El ser humano cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mar que podía servirle de última base de sustentación.
Después de la tierra, el mar… En el curso del último siglo el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, ya han sido convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo involuntariamente derramado. Solo el petróleo liberado por los buques cisterna hundidos ha matado en la última década cerca de 600.000 millones de peces.
Sin embargo seguimos arrojando al mar más desechos que nunca, perforamos miles de pozos petrolíferos en el mar o sus costas y ampliamos al infinito el tonelaje de los petróleos sin tomar medidas de protección de la fauna y flora marinas. …y el agua potable La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades, es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disminuirla.
En cambio todavía existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro de agua dulce, tanto para el consumo humano como para la agricultura. La liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desiertos extensas zonas otrora fértiles del globo, y los ríos han pasado a ser desagües cloacales más que fuentes de agua potable o vías de comunicación. Al mismo tiempo la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial, y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza. Para colmo muchas fuentes naturales han sido contaminadas; las reservas cuando nos quedaría como último recurso la desalinización del mar nos enteramos que una empresa de este tipo, de dimensión universal, exigiría una infraestructura que la humanidad no está en condiciones de financiar y armar en este momento.
Alimentos y armas
Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el Tercer Mundo, todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume, y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar.
Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenada por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas. Por supuesto todos estos desatinos culminan con una tan desenfrenada como irracional carrera armamentista que le cuesta a la humanidad 200.000 millones de dólares anuales (N de R: recordar escrito en 1972).
A este mare magnum de problemas creados artificialmente se suman el crecimiento explosivo de la humanidad. El número de seres humanos que puebla el planeta se ha duplicado en el último siglo y volverá a duplicarse para fines del actual o comienzos del próximo, de continuar la actual » ratio» de crecimiento. De seguir por este camino, en el año 2.500 cada ser humano dispondrá de solo metro cuadrado sobre el planeta. Esta visión global está lejana en el tiempo, pero no difiere mucho de la que ya corresponde a las grandes urbes, y no debe olvidarse que dentro de 20 años, más de la mitad de la humanidad vivirá en ciudades grandes y medianas.
Política demográfica
Es indudable pues, que la humanidad necesita tener una política demográfica. La cuestión es que aún poniéndola en práctica, ya por el retardo con que comenzaremos, no producirá sus efectos antes del fin de la década en materia educativa, y antes de fin de siglo en materia ocupacional.
Y que además la política demográfica no produce los efectos deseados si no va acompañada de una política económica y social correspondiente. De todos modos, mantener el actual ritmo de crecimiento de la población humana es tan suicida como mantener el despilfarro de los recursos naturales en los centros altamente industrializados donde rige la economía del mercado, o aquellos países que han copiado sus modelos de desarrollo.
Lo que no debe aceptarse es que la política demográfica esté basada en la acción de píldoras que ponen en peligro la salud de quienes la toman o de sus descendientes.
Qué hacer
Si se observan en su conjunto los problemas que se nos plantean y que hemos enumerado, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana, como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana.
Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, aunque en última instancia tenga como denominador común la utilización de la inteligencia humana. A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia.
Para poner freno e invertir la marcha hacia el desastre es menester aceptar algunas premisas:
1. Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados; una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza
2. Esa revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización; que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible que los recursos naturales resultan aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre; que el crecimiento de la población es aumentar la reducción y mejorar la distribución de alimentos y la difusión de servicios sociales como la educación y la salud pública, y que la educación y el sano esparcimiento deberán reemplazar el papel que los bienes y servicios superfluos juegan actualmente en la vida del hombre.
3. Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir, a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos.
4. La modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna. y que la justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, no sólo para el beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios; consecuentemente, las prioridades de producción de bienes y servicios deben ser alteradas en mayor o menor grado según el país de que se trate. En otras palabras: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental.
5. Necesitamos un hombre mentalmente nuevo en un mundo físicamente nuevo. No se puede construir una nueva sociedad basada en el pleno desarrollo de la personalidad humana en un mundo viciado por la contaminación del ambiente exhausto, y la sed, y enloquecido por el ruido y el hacinamiento. Debemos transformar a las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro.
6. El crecimiento de la población debe ser planificado, en lo posible de inmediato, pero a través de métodos que no perjudiquen la salud humana, según las condiciones particulares de cada país (esto no rige para la Argentina, por ejemplo) y en el marco de políticas económicas y sociales globalmente racionales.
7. La lucha contra la contaminación del ambiente y de la biosfera, contra el despilfarro de los recursos naturales, el ruido y el hacinamiento de las ciudades, debe iniciarse ya a nivel municipal, nacional e internacional. Estos problemas, en el orden internacional, deben pasar a la agenda de las negociaciones entre las grandes potencias y a la vida permanente de la Naciones Unidas con carácter de primera prioridad. Este, en su conjunto, no es un problema más de la humanidad; es el problema.
8. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con la justicia social, el de la soberanía política y la independencia económica del Tercer Mundo, y la distensión y la cooperación internacional.
9- Muchos de estos problemas deberán ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de sus sociedades o a los Estados unidos dentro de la comunidad internacional. Nosotros los del tercer mundo
Finalmente deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del Tercer Mundo:
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Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo, en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del Tercer Mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del Tercer Mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana.
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De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios, que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos.
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En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria.
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No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del Tercer Mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de sus destinos.
Sólo así se estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. La humanidad debe ponerse en pie de guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria.
JUAN DOMINGO PERÓN
¡QUÉ SIGNIFICÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1949?
Por Jorge Francisco Cholvis*
Para saber qué significó la Constitución Nacional de 1949 no es suficiente transcribir su texto, aún en sus partes más determinantes. Es imprescindible conocer cómo surgió, qué finalidad tuvo, cuál fue su logro, y el porqué y las consecuencias de su derogación. Observar estas cuestiones llevará inmediatamente a comprender la vigencia que mantienen sus principales postulados en el marco de nuestra realidad contemporánea.
La situación política de la Argentina resultado del 17 de octubre de 1945, fue el punto de partida y principal apoyo para que nuestro país tuviera el novedoso texto constitucional sancionado en 1949. Es que a la Constitución no se la debe enfocar sólo como un instrumento jurídico, sino que se la tiene que entender como un elevado documento político que institucionaliza un Proyecto de Nación. En esencia es un proyecto de país institucionalizado al más alto rango normativo.
El tema constitucional no pasa sólo por la Constitución escrita, que está sujeta férreamente por la Constitución real, ni es exclusivamente un tema jurídico, sino que principalmente se encuentra en el ámbito del poder político y de un proyecto de nación compartido por un pueblo organizado y partícipe directo de su institucionalización al más alto rango normativo.
Sin duda, la ley fundamental es, lisa y llanamente, un proyecto de Nación sustentado en una ideología y en determinadas relaciones de fuerzas. Una Constitución no es sino su consecuencia, y el poder encarna la única instancia capaz de transformar la política en historia.
En el periodo constitucional que se inicia en 1946 el gobierno nacional sostuvo las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.
Se sancionó la “Declaración de los Derechos del Trabajador”, como también otros derechos sociales con rango legislativo, y se aumentó el salario real de los trabajadores y la distribución del ingreso favoreció notablemente a amplios sectores de la población; se dictó el Acta por la que en Tucumán se formula la “Declaración de la Independencia Económica”, y –entre muchas otras medidas– el 23 de septiembre de 1947 fue sancionada la ley del voto femenino que incorporaba a la mujer al proceso electoral.
Al asumir la presidencia de la Nación, Perón sostenía que “el concepto moderno de una nación democrática en marcha, impone, en primer término, la distribución equitativa de la riqueza que su suelo produce”; y poco tiempo después, llegando al fondo del problema aporta la vía para su solución: “Para ello debemos ir pensando en la necesidad de organizar nuestra riqueza, que hasta ahora está totalmente desorganizada, lo que ha dado lugar que hasta el presente el beneficio de esta riqueza haya ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera de un mínimo de esa riqueza” (v. “Plan de Gobierno, 1947-1951, Tomo I, Presidencia de la Nación-Secretaría Técnica, Buenos Aires, 1946, p.21).
Esa política enfrentó al condicionamiento socioeconómico, que es lo que fundamentalmente impide la vigencia de los más elementales derechos humanos básicos, como ser el trabajo, la salud, la vivienda, y la educación. Son esas bases económicas las que le han de dar vigencia real a esos derechos.
El 5 de diciembre de 1948 se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, en las cuales el peronismo obtuvo un holgado triunfo. Con ese resultado se aprecia que el programa propuesto para reformar la Constitución Nacional había logrado el apoyo de la amplia mayoría del pueblo.
Poco tiempo después, en una reunión que se realizó en la residencia de Olivos el 11 de enero de 1949 con los convencionales electos del Partido Peronista, el Presidente Perón expuso el significado de cada una de las reformas propuestas y expresó que la antigua fórmula de libertad, igualdad y fraternidad tenía que ser cambiada por la libertad, la justicia y la solidaridad. Se ingresaba a los tiempos de la democracia social.
En la redacción definitiva de la Constitución de 1949 se puede observar el pensamiento y acción de Arturo Enrique Sampay (N. de R.: Convencional Constitucional, sin duda el más importante ideólogo de la esa Constitución, que se incorpora al Gobierno Justicialista, desde su origen yrigoyenista, no casualmente destacado asesor del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, y del que fuera Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche).
En la 12ª reunión del 11 de marzo de 1949, al exponer el Informe sobre el artículo 5° del Despacho de la Comisión Revisora de la Constitución, como prolegómeno y con el fin de mostrar la orientación filosófico-política y la fisonomía técnico-jurídica que lo sustentaba, efectuó una precisa reseña de nociones fundamentales que son la esencia de la Constitución:
“La Constitución es una estructura de leyes fundamentales que cimenta la organización política del Estado, fijando sus fines y enunciando los medios adecuados para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir el poder político y elegir los hombres que lo ejercen. Dicho con otras palabras, la Constitución es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demarca la órbita de las diversas magistraturas gubernativas. Estas dos partes de toda constitución, que acabo de definir glosando a Aristóteles y a su gran comentarista medieval, son las llamadas, por la doctrina de nuestros días, parte dogmática y parte orgánica, respectivamente, de una constitución” (”Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente” – año 1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 269).
La novel arquitectura de la Constitución desarrolla la primera parte en cuatro capítulos, en vez del único que contenía el texto de 1853. Ello obedece –expresaba Sampay– a un criterio arquitectónico acorde con la honda transformación operada en los “Principios Fundamentales” del Estado. Con la transformación operada en el campo de los derechos personales, en la nueva Ley Suprema se podían distinguir aquellos derechos de sentido individualista que venían desde la Constitución de 1853, de aquellos otros derechos llamados económico-sociales, que surgieron en el devenir del siglo XX. Mientras los derechos personales de inspiración liberal comprometían al Estado a la abstención, los económico-sociales lo obligan a la acción. Así fue que se precisan ampliamente derechos personales y los económico-sociales se incorporan expresamente al texto constitucional.
Mencionaremos sintéticamente aspectos principales del nuevo texto puesto en vigencia en 1949.
En el Capítulo II, “Derechos, deberes y garantías de la libertad personal”, estableció que “la Nación Argentina no admite diferencias raciales” (art. 28); incorpora el principio que “todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos, recurso de hábeas corpus ante la autoridad judicial competente” (art. 29); y que “los derechos y garantías reconocidos por esta constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes” (art. 35).
Es en el Capítulo III – “Derechos del trabajador, de la ancianidad y de la educación y la cultura” donde aparecen nítidamente los derechos sociales. En efecto, el artículo 37 declaró los siguientes derechos especiales: I. Del Trabajador, a saber: Derecho a trabajar; a una retribución justa; a la capacitación; a condiciones dignas de trabajo; a la preservación de la salud; al bienestar; a la seguridad social; a la protección de la familia; al mejoramiento económico; y a la defensa de los intereses profesionales. En su apartado II. De la Familia, expresó que la familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado; y que el mismo “protege al matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad”. Con el objeto de asegurar la vivienda instituye “el bien de familia”; y por último, expresa que “la atención y asistencia de la madre y el niño gozarán de especial privilegiada consideración del Estado”.
A continuación en el apartado III, instituyó como derechos De la Ancianidad, a los siguientes: derecho a la asistencia; a la vivienda; a la alimentación; al vestido; al cuidado de la salud física; al cuidado de la salud mental; al esparcimiento; al trabajo; a la tranquilidad; y al respeto. Finalmente este capítulo en su apartado IV se refiere al Derecho de la Educación y la Cultura, en el cual comienza por señalar que la educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias.
Precisa que “la orientación de los jóvenes, concebida como complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta”. Haciendo efectivo el principio del preámbulo de la Constitución de “promover la cultura nacional”, al tratar el tema de las universidades instituyó que “establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución”. También estableció que “el Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y las bellas artes”, y que “las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo tutela del Estado”.
Es en el Capítulo IV titulado de “la función social de la propiedad, el capital y la actividad privada”, donde desarrolla normas de política económica constitucional para superar el condicionamiento socioeconómico y dar vigencia a derechos humanos básicos.
Así es que el artículo 38 expresamente señaló que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva”.
A continuación el art. 39 expresó que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.
Y es el art. 40 el que estableció que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”. En tal sentido, continuaba señalando que “el Estado mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguarda de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución”.
A continuación disponía que “salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios”.
Estableció este artículo que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. El mismo dispuso que “los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado”, y determinó el criterio para fijar la indemnización para aquellos que deban volver al patrimonio público, debía ser: “el costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.
La parte orgánica de la Constitución, conservó la estructura del texto anterior. Las reformas más trascendentes fueron el artículo 77 que estableció la posibilidad de la reelección presidencial y el 82 que suprimió los colegios electorales, y dispuso que el Presidente y Vicepresidente fueran elegidos directamente a simple pluralidad de sufragios.
Otra reforma de importancia establecía en el artículo 95 que la interpretación que la Corte Suprema de Justicia hiciera de los artículos de la Constitución por recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recursos de casación, sería de aplicación obligatoria por los jueces y tribunales nacionales y provinciales.
En esta nueva concepción que se observa en los artículos citados –tanto de la parte dogmática como de la parte orgánica– de la Constitución, se encuentra el núcleo de la reforma. La Argentina se incorporaba en la senda del constitucionalismo social, y lo plasmaba al más alto rango normativo.
De tal modo, la reforma constitucional le asignó al Estado la directiva de una política social, de una política familiar; y también de una política económica que se dividía en dos campos: la actividad económica privada y la actividad económica del Estado.
Abandonando la falsa neutralidad que le otorgaba la concepción liberal al Estado en el proceso económico, la reforma de 1949 en su orientación filosófico-jurídica en su carácter de promotor del bien de la colectividad le confió un papel relevante en la defensa de los intereses del pueblo, y a tal fin lo facultó para intervenir en dicho proceso con el ánimo de obtener el bien común. Porque la no intervención significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos.
En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte, confirmando de nuevo la sencilla verdad contenida en la frase que Talleyrand usó para la política exterior: la no intervención es un concepto difícil, significa aproximadamente lo mismo que intervención. La no intervención era darle permanencia a lo que Arturo Jauretche llamaba “el dirigismo de ellos”.
Cabe recordar que Sampay sostuvo en la Asamblea Constituyente como fundamento de la reforma que “la necesidad de una renovación constitucional en sentido social es el reflejo de la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa. La experiencia del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas” (“Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente – Año 1949, Tomo I, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949, pág. 274).
Podemos concluir siguiendo el pensamiento de Sampay, que la Constitución Nacional de 1949 además de propender a hacer efectivo el predominio político de los sectores populares e incorporar los derechos sociales –del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y cultura–, tendía a estatizar los centros de acumulación y de distribución del ahorro nacional, las fuentes de materiales energéticos, los servicios públicos esenciales y el comercio exterior.
Le asignaba a todos los bienes de producción el fin primordial de contribuir al bienestar del pueblo, y prescribía que al Estado le corresponde fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar y aumentar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.
La nueva Constitución se proponía hacer efectivo el gobierno de los sectores populares, y lograr un desarrollo autónomo y armónico de la economía, “que conceda el bienestar moderno a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba, pues, a consumar en la Argentina la revolución social requerida por el mundo contemporáneo” (Arturo Enrique Sampay, “Constitución y Pueblo”, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1973, pág. 121).
* Constitucionalista, presidente del Instituto Arturo E. Sampay | 24-10-2018. (Especial para sitio IADE-RE) | La orientación filosófico-política y la fisonomía técnico-jurídica del texto constitucional.
