Una cosa es una emergencia de un mes y otra una situación que puede prolongarse un año
Por RICARDO ARONSKIND
La negociación de la deuda por 67.000 millones con los acreedores privados continúa navegando por aguas complicadas. Cada semana aparece un nuevo fondo de inversión, ocupando la función del malo de la película, diciendo que está muy enojado y que no lo satisface lo que le ofrecen. El gobierno argentino recorrió en estos meses un largo camino desde su oferta inicial, mejorándola en términos de los deseos de los acreedores y empeorándola en términos de los intereses de nuestro país.
La última (¿última?) oferta realizada esta semana llevó el valor presente de los bonos a 53,5 dólares, además de aceptar empezar a pagar módicos intereses ya desde el año que viene, y tasas de interés de largo plazo superiores al 3%, lo que fue considerado satisfactorio sólo por una parte de los acreedores. El resto, encabezado por el más grande de los fondos de inversión privados, BlackRock, se ha mostrado disconforme con la nueva propuesta, ha protestado porque “no se los consultó” (¡!) para formular la posición argentina, pero ha concedido que en base a esta última propuesta existe una base para la negociación.
Es evidente que hemos entrado en un sendero de presión brutal sobre el gobierno argentino, que incluye, entre otras cuestiones, sugerencias de desplazamiento del ministro Martín Guzmán, porque no ha sido una alfombra de los intereses externos. Piden un ministro que sí lo sea.
El gobierno argentino ha mantenido hasta ahora una posición digna –se trata de una negociación y no estamos en condiciones de imponer nada, salvo el default—, en el contexto de la debilidad económica del país, de su carencia estructural de instrumentos públicos para regular eficazmente la economía y de la oposición política interna favorable a los fondos acreedores. No se les han concedido a los bonistas las demandas jurídicas que los pondrían en condiciones de accionar individualmente contra los gobiernos argentinos en el futuro.
En este momento se despliega una presión internacional significativa sobre los acreedores más recalcitrantes, que tienen la llave del acuerdo, ya que diversos factores políticos globales consideran inconveniente seguir presionando a la Argentina hacia un acuerdo insustentable. El FMI, que competirá con los acreedores privados por los recursos de Tesoro argentino, hace rato les reclama a los bonistas moderación en sus demandas.
Los criterios de sustentabilidad de la deuda que ha esgrimido el gobierno argentino son completamente racionales y benefician a ambas partes del acuerdo, lo que no implica que sean compatibles con la racionalidad de corto plazo de los fondos acreedores, que quieren cobrar mucho y ahora, y disimular su completa falta de seriedad por apostar a la pericia económica del gobierno macrista.
La sustentabilidad es un término, además, opinable. Seguramente BlackRock puede sostener que si los futuros gobiernos argentinos hicieran más austeridad fiscal, y redujeran el nivel de vida de lxs argentinxs, habría más recursos para pagar más intereses y ofrecerles bonos más atractivos.
En todo caso, cada retroceso frente a las demandas de los bonistas obligará a realizar políticas públicas más efectivas e inteligentes. No sólo en términos de reactivar la economía y generar empleo, sino en tener una balanza comercial claramente superavitaria, pero que no esté basada en una economía deprimida y sin futuro. Esa es una tarea que se ha mostrado muy ardua para diversos gobiernos argentinos, aunque esté completamente al alcance del país de acuerdo a sus capacidades y potencialidades.
La dinámica económica y social de la pandemia
La experiencia internacional está mostrando que los problemas que genera la pandemia no se terminan ni se resuelven con negación ni con voluntarismo. Varios países que se apresuraron a satisfacer presiones empresariales y de sectores autónomos muy fragilizados, con aperturas aceleradas y generalizadas, hoy están teniendo rebrotes gravísimos. La propia idea de “etapas” que se van superando hasta llegar a la solución feliz debe ser abandonada. Sólo hay mejoras y retrocesos en un sendero de permanente equilibrio, hasta que llegue la vacuna.
Por lo tanto, es necesario abandonar la perspectiva de subordinar decisiones gubernamentales a un horizonte de 14 ó 21 días que marcan las evaluaciones epidemiológicas. Esa expectativa de pautar políticas públicas acompasadas a la “etapa” pudo ser válida en marzo. Ahora ya sabemos más, y hay que pensar en un escenario de unos cuantos meses de convivencia con dos criterios en tensión: minimizar el impacto sanitario y maximizar la activación de la economía.
La incitación mediática opositora, además de dañina para la salud física y mental de la población, está destinada a empujar en dirección a peligrosas decisiones que están fracasando estrepitosamente en los países que las adoptaron.
El derrumbe de la actividad es considerable, y las ayudas estatales, si bien son amplias y mucho mejores que en otros países, no bastan. El Ingreso Familiar de Emergencia es un excelente instrumento, pero que debe ser reajustado ya que los ahorros y reservas de una parte de la población se van agotando a medida que pasan las semanas y los 10.000 pesos no permiten cubrir los gastos mínimos de una familia. Lo mismo ocurre con los créditos otorgados a pymes: una cosa es cubrir un bache de actividad de 2 meses, y otra si el bache se extiende 10 meses.
Lamentablemente los precios de los alimentos han sufrido constantes incrementos, y en ellos se concentra hoy un parte sustantiva del gasto de la mayoría de la población. Hacen falta políticas efectivas y de más largo aliento en este sector crucial de abastecimiento, porque además desde la derecha neoliberal se está promoviendo –y proponiendo— la idea de que ocurrirá un fuerte salto de precios por razones monetarias.
Dada la estructura de los mercados y los comportamientos conocidos del sector alimenticio, sería muy prudente que el gobierno vaya tomando medidas que garanticen efectivamente el aprovisionamiento de la población en cantidades normales y a precios accesibles en los próximos tiempos.
La introducción de un horizonte pandémico más largo, en término de cuatrimestres y no de quincenas, permitiría tomar decisiones más realistas tanto en términos de transferencias a sectores muy dañados, como en materia de la financiación del gasto público. Una cosa es una emergencia que dura un mes y pasa, y otra una situación que puede prolongarse más de un año, con secuelas posteriores.
Un gobierno de derecha, como los que abundan en nuestra región, no dejaría morir a la gente de hambre, porque no conviene políticamente o porque crearía una mala imagen ante “los inversores”. Pero dejaría muy en claro que la ayuda es ínfima, y que en realidad no corresponde y será retirada en forma inminente. Es una filosofía del disciplinamiento social al capital.
Hay que estar lejos de esas ideas y prácticas, y asistir en la mayor medida posible. Se pueden mejorar las transferencias y hacerlas más específicas: no es lo mismo cada rama productiva, no es lo mismo el AMBA que el resto del país, no es lo mismo cada estrato social. Eso permitiría concentrar esfuerzos fiscales en cuentapropistas, comerciantes, artistas, gastronómicos, personal vinculado al turismo, que deben ser sostenidos en condiciones básicas hasta superar la emergencia, etc. El apoyo en serio, para evitar una alta mortandad de empresas o un empobrecimiento masivo, implica acercar las ayudas a la realidad económica de sostenibilidad mínima. Ni qué hablar el refuerzo urgente a las prestaciones que reciben los más pobres.
Gastar más en este momento grave no implica necesariamente más déficit, aunque hay que asumir que el déficit fiscal ocurre y ocurrirá porque es infinitamente mejor que un fiscalismo ciego a la realidad social. Inyectar recursos adecuadamente posibilitará sostener actividad económica, y por lo tanto mejorará las perspectivas de la recaudación en el mediano plazo. Claro, eso implica mantener un control claro sobre las variables que “los mercados” intentarán desestabilizar.
Pero sobre todo, permitirá cumplir las expectativas políticas depositadas en el gobierno popular, que necesitará en los complejos meses próximos contar con la confianza y el respaldo de amplios sectores sociales para avanzar con su programa de gobierno.
Exportaciones en duda
Hay que prepararse para que no haya una vigorosa salida exportadora. La situación internacional de contracción es evidente, lo que lleva a climas de mayor proteccionismo y competencia entre corporaciones y Estados, por mercados encogidos. Otro dato significativo es que nuestros propios acreedores no creen en tal salida exportadora. El Ministro Guzmán les ofreció dentro del menú de alternativas para resolver el problema de la deuda, un título de deuda cuyo valor evolucionaría de acuerdo al incremento de nuestras exportaciones a futuro. Era otra propuesta racional, que vinculaba los pagos de deuda a las capacidades locales de obtener dólares. No tuvieron interés alguno, porque proyectan un escenario global muy complicado, no prevén una gran performance exportadora argentina y por lo tanto el valor de esos bonos no crecerá lo suficiente para sus pretensiones de rentabilidad.
De hecho, la expectativa en el potencial exportador de Vaca Muerta ha ingresado por ahora a la colección de mitos nacionales, dado el contexto internacional deprimido.
Los dos cepos
La razón de fondo de un mundo contraído y sin posibilidades de expansión después de 2021 radica en que no se han removido dos trabas fundamentales para el crecimiento mundial: el altísimo grado de endeudamiento de Estados, empresas y particulares con las finanzas globales, que los financistas no piensan aliviar por obvias razones, y la distribución crecientemente regresiva del ingreso en todo el planeta, que forma parte de la lógica misma de la globalización liderada por las corporaciones. Son los dos cepos que tiene el crecimiento mundial, y que por ahora no serán revisados dado que la pandemia no ha modificado ni el orden de los intereses ni de las instituciones que orientan el funcionamiento del capitalismo actual.
Eso no quiere decir renunciar a tener estrategias de búsqueda de mercados y de diversificación de productos y sectores. Pero para responder a ese mundo duro y complejo que quedará luego de la pandemia, habrá que pensar también en estrategias de sustitución de importaciones que tienen el muy interesante efecto de fortalecer las empresas nacionales, reforzar las cadenas de valor locales, promover el empleo, y ahorrar divisas que hoy se utilizan para traer bienes e insumos importados.
Hay un enorme campo de posibilidades, tanto para el desarrollo de exportaciones no tradicionales como para actividades sustitutivas de alto impacto. Claro, implica un liderazgo organizativo estratégico que no se le puede pedir al mercado, pero que perfectamente puede encarar un gobierno liberado del corsé ideológico neoliberal. Hay muchísimo para hacer, y muchísimo progreso posible para nuestro país, si se le permite al Estado impulsar políticas en la dirección adecuada. Planes y programas hay, resta contar con el poder político suficiente para implementarlos.
La agresividad destituyente no es caprichosa
La derecha opositora ha incrementado su agresividad en las últimas semanas. Desde el comunicado enloquecido de Cambiemos luego del asesinato de Fabián Gutiérrez, hasta las acusaciones contra Cristina y los denuestos contra Alberto Fernández (Longobardi lo ve “cada vez más parecido a Trump y Bolsonaro”), el nivel de violencia discursiva ha crecido sustancialmente.
El supuesto enloquecimiento está perfectamente coordinado y articulado con las movilizaciones también delirantes de los anticuarentena, anti-epidemiólogos y anticomunismo.
Algunos piensan que esta actitud crecientemente agresiva es en respuesta al avance de la investigación de las escuchas ilegales realizadas por el macrismo, que no sólo arroja luz sobre la función real de la AFI en esa gestión, sino sobre una estructura política articulada, construida con espías, operadores mediáticos, jueces y grandes medios para perseguir a opositores y controlar aliados.
Si la opinión pública mayoritaria advirtiera la gravedad de la manipulación orquestada, ya sería un gran avance en la conciencia democrática de la sociedad. Si encima se avanzara en la determinación las responsabilidades legales y la sanción de los delincuentes, se sanearía parte del sistema político argentino.
Otros creen que la furia opositora está en estrecha relación con debilitar al gobierno nacional en su negociación con los acreedores externos. La relación del macrismo con acreedores y buitres no es nueva, y les rindió a ambos aliados frutos considerables: los buitres le hicieron la vida imposible al gobierno de Cristina, contribuyendo a su desgaste económico y político, y Macri les retribuyó una vez llegado al poder con pagos suculentos y relanzando el endeudamiento externo argentino.
¿Juntos por el Cambio prefiere que el gobierno de Alberto Fernández logre una negociación exitosa de la deuda externa –tanto con los bonistas privados como con el FMI—, o que deba aceptar condiciones que vuelven al país invivible? Su acción pública de agresión y desgaste constante durante estos meses –más allá de lo que digan los “moderados” del espacio-—apunta a debilitar al gobierno argentino en su negociación externa.
¿BlackRock qué prefiere, que gobierne en Argentina un espacio político con fuertes compromisos nacionales y sociales, o un gobierno macrista, pro capital financiero y fuga de capitales?
Los dos componentes de la pinza para dañar al país están presentes, y su coordinación no puede desdeñarse, dado lo observado en nuestra historia reciente.
Publicado en El Cohete a la Luna/12-7-2020
