El 22 de abril de 1985 comenzó el Juicio a las Juntas Militares, denominado también Causa 13. Fueron condenados 5 militares (Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti) y 4 fueron absueltos.
Se trató de un proceso judicial que fue llevado adelante por la justicia civil de Argentina. En consecuencia a las graves violaciones de los derechos humanos, el presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983-1989) fue quien emitió un decreto sobre los integrantes de las tres primeras Juntas Militares de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Pese a que los militares hicieron todo lo posible por evitar el juicio, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. Este proceso duró 530 horas, en las que declararon 833 personas que rompieron el silencio de la historia para siempre. Entre ellos familiares de las víctimas ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes y personales de las fuerzas de seguridad.
Durante el juzgamiento quedó demostrado el plan sistemático de represión ilegal por parte de las juntas militares, la desaparición forzada; la privación ilegítima de la libertad; los interrogatorios bajo tortura, en muchos casos seguidos de muerte; los centros clandestinos de detención; el robo de bebés y el ocultamiento de esas acciones. Estas prácticas ilegales sucedieron en todo el territorio nacional argentino. Pero también quedó clara la responsabilidad de los jerarcas militares.
Los testimonios fueron estremecedores, sin embargo el juicio no se pudo televisar porque los militares todavía tenían poder sobre los medios. “Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo con mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional”, había dicho Alfonsín 24 horas antes que iniciara la primera audiencia.
Fue el juicio que reveló la etapa más oscura y escalofriante de la historia de nuestro país, crímenes y violaciones a los derechos humanos y puso en evidencia la realidad del aparato represivo del Estado durante la última dictadura. Gracias al valor de los declarantes y al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada el 13 de diciembre de 1983, se pudo llevar adelante el enjuiciamiento y castigo de los delitos cometidos por el Estado entre los años 1976 y 1983.
El fiscal Strassera cerró su alegato con la reconocida frase: “Señores jueces: Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”.
Fuente: Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
