El desmantelamiento del aparato productivo, la reducción del Estado, el desfinanciamiento de la educación y la salud, los reiterados casos de corrupción, los altos niveles de precarización laboral y desocupación -cerca de 2 millones de desocupados-, la recesión económica, la fuga de capitales -19.000 millones de dólares en 2001-, los recortes salariales -entre el 13 y el 21%-, la reforma del sistema jubilatorio -eliminación del régimen estatal de reparto y la prestación básica universal, entre otros aspectos-, la Reforma Laboral y, finalmente, el corralito financiero, impuesto por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, fueron algunos de los padecimientos que llevaron a sectores de la clase media, que veían sus ahorros desaparecer, a salir a la calle a reclamar junto a los sectores populares, quienes ya se venían organizando en torno a ollas populares, piquetes y asambleas.
Ante el hartazgo generalizado de la sociedad frente a un modelo conservador, corrupto y excluyente, amplios sectores se unieron bajo la consigna “Que se vayan todos”.
Frente a las manifestaciones de protesta y los saqueos producidos en todo el territorio nacional, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó el homicidio de más de treinta personas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos en el marco de un Estado de Sitio. Incluso las Madres de la Plaza fueron brutalmente golpeadas por la policía montada durante los acontecimientos de diciembre.
Sin embargo, la crisis de 2001 también abrió la puerta a dinámicas sociales que avanzaron hacia la organización colectiva y la participación política, prácticas socavadas durante la década del noventa. La renovada noción de comunidad se vio cristalizada a partir de diferentes formas de organización social.
La irrupción en el conurbano de los piquetes y ollas populares hicieron visible que la profundidad de la crisis no afectaba solamente al interior del país. En La Matanza se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Piquetera con presencia de organizaciones de ese distrito y del interior del país, que aprobó un plan de lucha con cortes de ruta progresivos para oponerse a la política de ajuste.
Por otra parte, frente al cierre de fábricas y empresas, trabajadores y trabajadoras se organizaron de manera democrática, generalmente bajo la forma de cooperativas.
En los diferentes barrios, se organizaron formas de economía social y de intercambio solidario de productos y servicios, como el trueque. En algunos casos se crearon «sustitutos de moneda» que se sumaron a los bonos y monedas alternativas extendidos por el Estado Nacional y Provincial.
Fuente: Universidad Nacional de las Artes
