Este 20 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina, una fecha que nos recuerda la importancia de reconocer y defender los derechos de quienes han dedicado su vida al trabajo y al progreso de nuestro país. Sin embargo, una vez más, la fecha se ve envuelta de indignación y protesta ante las políticas de ajuste del gobierno.
Desde 1904 se celebra esta fecha en conmemoración de la sanción de la primera ley de jubilación, que inicialmente abarcaba a funcionarios y empleados estatales. Con la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, se dio origen a un sistema contributivo que permitía a los trabajadores y trabajadoras aportar parte de su sueldo para su futuro retiro. A lo largo de la historia, este sistema ha atravesado múltiples reformas, entre las que se destacan el modelo de reparto de Juan Domingo Perón; el nefasto sistema de contribuciones privadas, popularmente conocido como Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones durante la presidencia de Carlos Menem; la estatización en 2008 de las AFJP bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, creándose el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); y la Reforma Previsional de diciembre de 2017 durante el gobierno de Macri que implicó un recorte a las jubilaciones y pensiones mediante una nueva fórmula de movilidad.
Sin embargo, hoy nos encontramos en una situación crítica. Mientras el Presidente Javier Milei agasaja a 87 diputados/as que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria con un ostentoso asado en la Quinta de Olivos, nuestros jubilados y jubiladas enfrentan una realidad cruda y dolorosa: vivir con haberes que apenas alcanzan para subsistir y que ni siquiera para cubrir la canasta básica que en agosto, rondaba los $800.000, según los datos de la Defensoría de la Tercera Edad.
Los 87 “héroes” como los bautizó el Presidente, votaron un veto que niega un aumento del 8,1% a los haberes de jubilados y jubiladas, y que representa tan solo una suba de 17 mil pesos. Este hecho, tan obsceno como emblemático, refleja una desconexión alarmante entre el gobierno y la realidad que viven nuestros adultos mayores.
El cartel sostenido por una jubilada que rezaba «Asado para los diputados, pan y agua para los jubilados», refleja la indignación de una ciudadanía que se siente traicionada. El evento, repleto de risas y banquetes, contrasta fuertemente con el sufrimiento de aquellos que han trabajado toda su vida y hoy deben decidir entre comprar medicamentos o alimentos.
El gobierno, que a través de su vocero intentó minimizar la situación alegando que cada diputado pagaría $20 mil pesos por su plato, no puede ocultar la burla que representa haberle negado un aumento de 17 mil pesos, es decir 3 mil pesos menos que el plato del festejo.
En un acto de dignidad y resistencia, diferentes movimientos de jubilados se manifestaron en el ingreso de la Quinta de Olivos, expresando su descontento a través de cacerolazos y pancartas con mensajes contundentes: «robar a los jubilados es un crimen social» y «Diputados vendidos y traidores».
Este tipo de actitudes no son solo una falta de sensibilidad, son un ataque directo a la dignidad de nuestros mayores. La lucha por sus derechos no puede ser ignorada ni silenciada. Desde la Asociación Bancaria, reafirmamos nuestro compromiso de defender a los jubilados y jubiladas. Su día no solo debe ser una fecha de celebración, sino también un recordatorio de la lucha por la justicia y la dignidad. La defensa de sus derechos es una responsabilidad colectiva que no podemos eludir.
Secretaría de Prensa y Difusión
