La Ley de Cupo Laboral «Diana Sacayán-Lohana Berkins» fue sancionada el 24 de junio de 2021, con 55 votos (de 72) a favor en el Senado y 207 (de 257) en Diputados. La norma, resultado de una lucha histórica del colectivo y las organizaciones, establece que al menos el 1% de los cargos dentro del Estado deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgéneros. La participación de las personas trans en el sector público antes de la puesta en vigencia de esta norma era de 101 personas.
Tras la sanción de la ley, este número ascendió a 995. Sin embargo, según una estimación del Departamento de Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ese 1% dentro del Estado equivaldría a 5.551 puestos. Es decir que en términos de implementación se habría llegado solo al 15%.
Se trata en muchos casos del primer ingreso al mundo laboral, ya que más del 90% de la comunidad TTNB no accede a empleos formales y sobrevive con trabajos precarios, marginados del mercado y con mínimos ingresos. Otro elemento fundamental de la exclusión de la población es la dificultad para terminar los estudios secundarios a causa de la extrema vulnerabilidad y en muchos casos, la expulsión temprana de sus hogares.
En el marco generalizado de achicamiento del Estado y recorte de políticas públicas que lleva a cabo la actual gestión de Javier Milei se habla de alrededor de 20 mil despidos en el sector público en lo que va del año. En las últimas semanas hubo, además, amenazas de llevar el número hasta los 70 mil y de “limpiezas trimestrales”. A pesar de la existencia de la Ley 27.636, conocida como la Ley de Cupo laboral Travesti Trans, un 10% de las personas que ingresaron por esta ley fueron despedidas, generando un fuerte impacto en la comunidad. De las 995 personas que ingresaron tras la sanción de la ley, al día de hoy fueron despedidas 105 de manera ilegal y mediante procedimientos violentos.
Fuente: Página 12
