En 1958 la Asociación Bancaria protagonizó una movilización impresionante para reclamar por las injusticias ejecutadas por el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Así, el gremio realizó un paro de 52 días motorizado en defensa de los compañeros.
Las medidas implementadas por dicha administración atentaron de manera absolutamente dañina contra todas las esferas de la población. Una de las más significativas fue el congelamiento salarial aplicado en todo el territorio nacional a la totalidad de la clase trabajadora. Ante este sombrío contexto la Asociación Bancaria reaccionó con toda fuerza posible y comenzó una huelga en enero de 1958. La misma inició el 27 de enero y finalizó el 17 de marzo.
Por otro lado, la reforma bancaria impulsada por el gobierno militar también significó un duro golpe al estado anímico de los trabajadores. El objetivo era retroceder a 1946 cuando el general Perón había iniciado el camino hacia la nacionalización del sistema financiero. Con esto se perdió el control estatal en la creación del dinero bancario y especialmente en la promoción del crecimiento económico.
Como era de esperarse la Asociación Bancaria realizó movilizaciones en las calles para expresar su descontento ante la disminución del poder adquisitivo que habían sufrido sus afiliados. Tanta fue la adhesión al paro que el gobierno nacional intervino el sindicato para cortar de raíz el justo reclamo. Asimismo, también se produjo la detención arbitraria ilegal de empleados bancarios. Finalmente, el poder ejecutivo retrocedió sobre sus propios pasos y quienes estuvieron privados de su libertad fueron liberados. Al mismo tiempo, se reincorporaron a los cesantes y se incrementaron los sueldos mínimos del personal administrativo y técnico de maestranzas y servicios de los bancos oficiales privados y mixtos.
Independientemente de los beneficios sociales obtenidos, se ratificaron funciones, se efectivizó el pago del incremento con retroactividad, un premio de fin de año, sin contar con el aguinaldo, el aumento del salario familiar, los beneficios por jubilación y los pagos por fallecimiento. Pese a ello, los logros se licuaron rápidamente debido a la pésima situación económica en la que el gobierno de facto había sumergido a la Nación. Las advertencias gubernamentales no detuvieron los paros programados y se formó un comité de huelga bajo la conducción de la Asociación Bancaria.
La Policía Federal ocupó el edificio de la Asociación Bancaria y arrestó a unos 700 empleados. El 29 de enero, el gobierno intervino la Asociación Bancaria nombrando a Germán Rodolfo Espiaut como interventor, quien justificó la medida por la violación de la cuarentena huelguística y prometió gestionar la liberación de los detenidos. Tras semanas intensas de negociaciones y del desgastante proceso impuesto por el gobierno militar, los empleados bancarios elevaron su pedido para levantar la medida de fuerza: la reincorporación de cesantes, libertad para los detenidos y un aumento salarial significativo. El gobierno aceptó el levantamiento, los bancos oficiales accedieron a todo pero los privados rechazaron las reincorporaciones. El 17 de marzo, tras una reunión que comenzó a las 18:30 el día anterior y terminó a las 2:30, se acordó conceder todas las demandas de los bancarios. El general Aramburu ordenó la desmovilización a partir del 18 de marzo. El sindicato anunció el fin de las medidas de fuerza y expresó que la decisión buscaba contribuir a la pacificación nacional tras 52 días de conflicto. Se distribuyó un volante celebrando la victoria y agradeciendo el sacrificio de los miembros del gremio.
Fuente: Libro Centenario de la Asociación Bancaria “De las primeras reivindicaciones a los logros consolidados y la historia de las seccionales”.
