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La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de visibilizar sobre la grave situación que viven millones de personas víctimas de trata. También busca incidir para promover las medidas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar esta grave violación a los derechos humanos.

Las desigualdades estructurales, la situación económica y social del mundo y de la región generan un mayor riesgo de aumento de los delitos de trata de personas, que afecta principalmente a mujeres y niñas y representa una forma extrema de violencia de género.

La prevención y combate del delito de trata de personas es un tema prioritario. Gran parte de las principales zonas de captación y reclutamiento se encuentran en las fronteras de los países de nuestra región, son destino y origen entrecruzados del movimiento de las personas víctimas de la trata de personas.

En el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, ratificado por todos los Estados Partes del MERCOSUR señala que la trata de personas refiere a “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Cada 30 de julio es un día de acción global y regional para visibilizar, incidir y promover acciones frente a esta grave violación a los derechos humanos en la región.

Fuente: Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos. Mercosur