La historia de YPF sintetiza las relaciones entre los aspectos económicos, culturales y político-sociales más relevantes de la historia de nuestro país.
Faltaban dos meses para que Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, cumpliese siete años de vida. Un grupo de operarios -que cavaba pozos en busca de agua potable-, encontró, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones: era petróleo. El 13 de diciembre de 1907 corrió la noticia sobre el descubrimiento del «oro negro».
A partir de 1907 Comodoro Rivadavia se convirtió en un pueblo petrolero dedicado a la extracción del crudo. A medida que la industria crecía y ante cada nuevo pozo descubierto nacían a su alrededor los campamentos petroleros que luego se convirtieron en pueblos y ciudades.
Desde entonces y hasta la actualidad, YPF ha sido una muestra del complejo entramado entre sociedad civil, Estado y desarrollo de la actividad económica nacional.
En diciembre de 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país.
Pero los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922 cuando el Estado nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.
Finalizado el mandato de Hipólito Yrigoyen en octubre de 1922, asumió la presidencia de la Nación Marcelo Torcuato de Alvear, y el General Enrique Mosconi fue nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante ocho años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión de lo que se llamó el «nacionalismo petrolero».
Debido su carrera militar, Enrique Mosconi consideraba a la empresa como un instrumento de patriotismo argentino. Cada uno de los trabajadores petroleros era considerado un «soldado civil» que debía servir a los intereses de la patria. De esta manera, la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional.
La política social instaurada en YPF estuvo también influenciada por la visión de Mosconi sobre la organización del mundo del trabajo, donde valoraba las intervenciones empresariales en relación a la vivienda obrera, a la asistencia educativa y sanitaria.
YPF creció significativamente con el peronismo siguiendo el horizonte de nacionalización de los recursos naturales que se plasmó en la Constitución de 1949. Ese mismo año se inauguró el gasoducto más largo del mundo financiado con capitales nacionales: Gas del Estado. Sin embargo no se logró el autoabastecimiento y fueron necesarias nuevas importaciones y acuerdos con empresas extrajeras. Solo el 54% del petróleo consumido era nacional.
El autoabastecimiento se obtuvo por primera vez durante la presidencia de Arturo Frondizi y su polémica «batalla del petróleo».
Como la mayoría de las empresas públicas argentinas, YPF fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco de la política económica del momento. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.).
La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF.
La disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país motivaron a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a presentar, el 16 de abril de 2012, el proyecto de ley de «Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.
Fue así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.
Fuente: cultura.gob.ar
