El 30 de setiembre se cumplieron 74 años de la presentación que José Figuerola y Juan Perón hicieran del primer plan quinquenal que se estableció en la Argentina. Más que para una evocación formal, la efeméride es adecuada para retomar el debate respecto de plan o mercado. Esta discusión encarada con un alcance riguroso y con una amplitud de miras, excede las cuestiones de la “economía” para incluir las esferas de lo político y lo social. Casparrino, Briner y Rossi, coordinados por Enrique Arceo en Planificar el desarrollo. Apuntes para retomar el debate (CEFID-AR, 2011), destacan que “si bien la bibliografía acerca de la planificación suele destacar aspectos organizacionales e institucionales, las condiciones sociales estructurales de partida resultan determinantes respecto del tipo de planificación y de las capacidades políticas de consecución de los objetivos de desarrollo planteados por las autoridades gubernamentales y por las necesidades históricas de la época”.
En Bancarios, publicación de la asociación sindical, en la fecha del aniversario, se accede a una reseña detallada —editada por la Fundación Gestar— de ese primer plan que tuvo un definido diseño organizacional. Mario Rapoport et al, en Historia económica, política y social de la Argentina, lo sintetizan en tres tareas abordadas:
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La determinación de las necesidades previsibles de materias primas de origen nacional.
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El establecimiento de un programa de cinco años de obras e inversiones.
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La descentralización de la industria, construyendo nuevas zonas y diversificando la producción con adecuación a las fuentes naturales de energía, vías de comunicación y mercados de consumidores.
Sin embargo, el contexto que traza Perón en la presentación ante las dos cámaras legislativas tuvo un definido trazo político, “He dicho muchas veces que quienes se sentaban en el honroso sillón de Rivadavia tenían el gobierno político de la Nación, pero no el gobierno económico, ni el gobierno social del país. La economía ha sido manejada desde el exterior por intermedio de los grandes consorcios capitalistas… En 1810 fuimos libres políticamente. Ahora anhelamos ser económicamente independientes». (Citado por Galasso en Perón, Colihue,2006). El Plan era concebido como un instrumento para ordenar y garantizar el ejercicio del poder, en pos de completar la formalidad de la posesión institucional del gobierno asumiendo el efectivo manejo de la economía y de la fijación de las metas de progreso social. Agregaba Perón: “Debemos pensar en la necesidad de organizar nuestra riqueza que hasta ahora ha ido a parar a manos de cuatro monopolios, mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera de un mínimo de esa riqueza (…) ¿ Y quién va a organizar nuestra riqueza? ¿Los monopolios? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la diferencia de que el Estado puede repartir los beneficios de la riqueza entre los catorce millones de argentinos, mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando los inmensos capitales de sus casas matrices, allá lejos, en el extranjero”. Así, en la presentación del plan se expresaba el sentido del mismo, un cambio de timón, la reflexión citada lleva a la conclusión que la planificación se vincula con la democracia, en tanto puede garantizar la dirección de una política en beneficio de las mayorías. En cambio, en su ausencia, el mercado permite que el poder económico concentrado gobierne la economía desposeyendo al pueblo y sustrayendo riquezas nacionales al exterior.
El periodo del primer Plan Quinquenal incluyó la realización de obras de infraestructura, la nacionalización de los depósitos, el direccionamiento del crédito, una fuerte intervención en el comercio exterior con la creación del IAPI, la regulación de la tasa de interés y del tipo de cambio. También se llevaron a cabo la estatización de empresas de servicios públicos (de energía, puertos, ferrocarriles, servicios telefónicos, fabricaciones militares, fabricaciones e investigaciones aeronáuticas, astilleros y fábricas navales, SOMISA, etc). Se construyó, así, toda una gama de participaciones del Estado en la economía que iba desde la asignación de recursos productivos y la definición de la distribución del ingreso, hasta su participación directa como empresario, porque desde el punto de vista del peronismo, la propiedad estatal de los servicios públicos era considerada indispensable para consolidar la política económica.
En Estudios de Historia Económica Argentina (siglo XXI, 2010), Basualdo caracteriza la época de ese primer plan quinquenal como aquella en la que el modelo oligárquico agroexportador fue reemplazado por otro de industrialización, “conformándose las condiciones y alianzas sociales que fueron decisivas en los acontecimientos posteriores al derrocamiento del peronismo en 1955”. El autor caracteriza a la experiencia peronista como el primer momento de la Argentina moderna en el que crecimiento y la mejora de la participación de los trabajadores en el ingreso se asocian en un patrón productivo. Los gobiernos de ese signo tuvieron como rasgo clave la incorporación de la clase trabajadora en la economía, en la política y en la vida social. Una verdadera ampliación de ciudadanía. Esa constitución de los trabajadores como sujeto social, sostiene Basualdo, se concretó con la realización de las reivindicaciones como los convenios colectivos de trabajo, los tribunales laborales, los salarios mínimos, el aguinaldo, la seguridad social, la Ley de asociaciones profesionales. La creciente participación de los asalariados en el ingreso se materializó tanto por un incremento de los sueldos como del empleo que se asociaron por el crecimiento de la actividad industrial.
Respecto a los límites de la primera experiencia peronista, el autor reflexiona, a manera de pregunta: “¿La única posibilidad que tuvo el peronismo para desarrollar la industria pesada y renovar los bienes de capital fue sacrificar los objetivos centrales de su política? O, por el contrario, ¿tenía otras alternativas que no utilizó? Indagar esta problemática es crucial para comprender la naturaleza tanto del peronismo como la de los bloques sociales que se enfrentarán durante la industrialización”. Las conclusiones que encuentra el autor conducen a caracterizar la etapa como una época de fuerte redistribución de la renta agraria, de colocación de la industria por encima del agro en su peso en el producto bruto, de mejora sustantiva en la distribución del ingreso. Pero la política del peronismo, aunque no tenía entre sus objetivos fundamentales promover el capital extranjero en la industria, respetó su presencia estructural y no impulsó la estatización de sus empresas. Su objetivo prioritario, sin embargo, fue la consolidación de una burguesía nacional y a buena parte de la oligarquía diversificada que consideraba parte de ella. Así el peronismo fue un proyecto político radical, para concluir con el régimen de la economía agroexportadora. Representó una modernización industrializadora que respetó altos beneficios para las empresas de ese sector, tanto extranjeras como locales. Basualdo expone cuantificaciones que muestran que las utilidades de las firmas extranjeras superaron a los costos totales del primer Plan Quinquenal, durante su vigencia. El autor concluye que la alternativa entre la estatización de las empresas de servicios públicos y la industrialización pesada no significaba una opción excluyente, porque el gobierno acumulaba anualmente excedentes de reservas que hubieran permitido llevar a cabo ambos procesos. Pero para hacerlo hubiera sido necesario limitar las utilidades engrosadas por las fracciones industriales. La historia posterior demostró que aunque el gobierno generó una burguesía nacional adicta a su política, cuando las ganancias disminuyeron y comenzó una ofensiva política e ideológica sistemática por parte de las fracciones dominantes del capital para responsabilizar de esa caída al gasto social y al nivel de salarios, estos grupos dominantes consiguieron alinear a todas las facciones del capital, y la burguesía nacional no se diferenció mucho del resto.
Indudablemente la existencia del Plan y de una dirección no-mercantil de la política económica fueron las claves que habilitaron la posibilidad de la modernización industrial del país y, también, de la conformación de un mercado interno de mayor densidad que favorecería el consumo, a partir de la mayor capacidad adquisitiva de los sectores populares. El límite propio del primer peronismo no fue de la economía planificada, sino el tipo de concepción con la cual se planificó. La transición progresiva que logró hacia una sociedad más integrada, desarrollada y justa no fue obra del mercado sino del Plan. Si este no hubiera existido, Argentina habría seguido profundizando el modelo primario, con concentración de ingresos y una lógica de enclave exportador con salarios bajos. El mercado hubiera acentuado el predominio de los sectores poderosos y tradicionales. La renta diferencial del campo no hubiera sido transferida para la diversificación productiva. Los sectores subalternos de la sociedad no hubieran accedido a las numerosas reivindicaciones democráticas que fueron el emblema de la época.
Los neoliberales reclaman un programa
La actualidad argentina transcurre con dificultades serias. El gobierno de Cambiemos constituyó un dispositivo de desarticulación de posibilidades para avanzar en la construcción de una economía para un desarrollo autónomo. Destruyó instituciones y endeudó al país con una velocidad inédita. Pero lo más grave fue el grado de condicionalidades que ese endeudamiento dejó, al que se debe adicionar el default de hecho que provocó y la restricción externa debida a la sumisión a la financiarización, al margen de las determinaciones de la estructura productiva, ya que los años cambiemitas fueron de retroceso en el nivel de actividad económica.
La reasunción del gobierno por parte de una alternativa nacional, popular y democrática encontró además la inmensa crisis mundial y nacional, con recesiones inéditas provocadas por la pandemia.
Sin tomar en cuenta la gravedad de la política anterior ni de la circunstancia del coronavirus, los neoliberales acusan al gobierno, en relación con las dificultades económicas que atraviesa el país, por sus lineamientos políticos. Lineamientos que recién intenta comenzar a desplegar, porque todos sus esfuerzos en los diez meses que lleva en el ejercicio del poder fueron dedicados a resolver la deuda con acreedores privados que construyó la gestión de Macri y a atender los estragos de la peste. La acusación se sostiene permanentemente con la prédica de que las políticas que se quieren llevar a cabo generan desconfianza, y por lo tanto hace falta que el gobierno enuncie un programa (el de ellos, el del consenso neoliberal).
Conviene referirse a lo que entienden los economistas ortodoxos por un programa. Porque los neoliberales son acérrimos enemigos de un Plan, como por ejemplo fuera el primer Plan Quinquenal que evocamos. Entienden por programa a la explicitación de una política monetaria y fiscal que, definida resumidamente, supone un autodisciplinamiento del gobierno a reglas de equilibrio fiscal y restricción monetaria. A lo que debería sumar la desregulación de la economía, o sea la liberación cambiaria y de precios, comprometiéndose a respetar la exclusividad de la iniciativa privada en el ámbito empresario, como así también a la liberalización financiera y de las tasas de interés. La confianza, entonces, parafraseando a Perón, sería que la economía la gobierne el poder económico y no el Estado. Los monopolios y no la ciudadanía. Estas cuestiones relativas a la tan remanida como falseada confianza han conquistado un nivel de hegemonía cultural, que permean la fuerza propia e introducen un “realismo” conservador que amenaza con paralizar las impostergables necesidades de transformaciones de fondo que requiere la realidad nacional.
Los autores del citado trabajo n°38 del CEFID-AR destacan que las condiciones para la adecuada planificación en la Argentina del siglo XXI imponen “una estrecha vinculación entre planificación, desarrollo y democracia. La planificación y el desarrollo sólo parecen ser posibles en el marco de una amplia incorporación de los sectores populares en una alianza social que otorgue una independencia política al Estado para subordinar a un conjunto de sectores tradicionales, en el proceso de proyección y concreción de planes de desarrollo a favor de cambios estructurales y distribución del ingreso”.
Esta cuestión resulta clave para poder marchar hacia una Argentina humanista, a una Patria de iguales. Esta sería inconcebible si predomina una cultura de impotencia en poder disciplinar los precios de los alimentos para los sectores populares o en cambiar las estructuras del comercio exterior que habiliten la acción estatal para disponer de las divisas de la liquidación de exportaciones en función y oportunidad de las necesidades nacionales. La supuesta “libertad” asimilada al liberalismo económico es una forma extorsiva de la propiedad concentrada contra el ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía.
La construcción política que la etapa necesita no sólo debe aspirar a apropiar la gran renta diferencial del agro para el desarrollo de la Nación, sino también las rentas monopólicas de la oligarquía diversificada y de las finanzas en pos del mismo objetivo. A su vez, se deben cerrar los canales de fuga de capitales que canalizan permanentemente los beneficios y rentas hacia la constitución de activos externos.
El programa monetario y fiscal que disminuya el margen de libertad de acción gubernamental es el peor de los caminos, porque esa es la opción de la confianza al mérito del poder económico concentrado. En cambio, el rumbo necesario es el Plan de desarrollo que reserve las decisiones sobre la economía y la sociedad a un Estado cuya fuente de poder sea la decisión ciudadana y popular. Para superar las dificultades resulta un desafío avanzar en transformar la realidad, no en normalizarla. La normalización, reflexionó Mariategui, “sería la vuelta a la vida tranquila, el desahucio o el sepelio de todo romanticismo, de todo heroísmo”, y recuerda la sentencia de Luis Bello: «Combato, luego existo… La vida más que pensamiento, quiere ser hoy acción, esto es combate”. Ante la ofensiva de la derecha para impedir el ejercicio del gobierno de Alberto Fernández con todas las atribuciones que el pueblo le ha conferido, se impone el llamado de entrega a la fe de la potencia colectiva que abra el camino al cumplimiento del proyecto para el cual ha sido elegido.
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