Durante diciembre de 2001 Argentina vivió una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia institucional y política.
En un contexto de profundo retraimiento económico e inequidad social se produjeron en todo el territorio encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó la declaración de Estado de Sitio en toda la Nación. Alrededor de treinta personas murieron y otras 4.500 fueron detenidas. Durante todo el conflicto, muchos comercios fueron saqueados, un gran número de ellos por grupos de personas provenientes de sectores relegados, y se produjeron destrozos en un clima violento que el Estado no pudo contener.
En el mes de julio de 2001 se sancionó la ley 25.453, llamada de “Ley de Equilibrio Fiscal», conocida como “Ley de Déficit Cero” que implicó un vuelco profundo en materia de gasto público. Esencialmente, condicionó los haberes de los empleados estatales y de los jubilados al resultado de la recaudación fiscal. También impactó fuertemente sobre los programas sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
En diciembre de 2001 la situación del país era delicada. La crisis era considerada por muchos como terminal.
En ese marco complejo, el gobierno nacional adoptó durante los primeros días de diciembre una serie de restricciones importantes a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares. De tal forma, las transferencias dinerarias se vieron limitadas y la casi totalidad de los pagos debió hacerse por medio de transferencias bancarias. El “corralito”, así establecido por el decreto 1570/01 del Poder Ejecutivo Nacional, encerró a los depósitos de grandes sectores de la alicaída clase media local y perjudicó a todos los sectores de la economía informal.
En la Ciudad de Buenos Aires, si bien no se habían registrado muertes hasta los sucesos de diciembre de este año, sí había sido desplegada también una fuerte represión sobre la protesta social. Uno de los casos paradigmáticos es la represión a los trabajadores que manifestaban en la Plaza de los dos Congresos, el 19 de diciembre de 2000. En ese operativo intervinieron, en general, los mismos cuadros de la Policía Federal Argentina que actuaron en diciembre de 2001.
El 13 de diciembre se desarrolló el séptimo paro general contra el gobierno de Fernando De La Rúa.
El 19 de diciembre se produjeron en todo el país numerosos saqueos contra negocios, especialmente de venta de alimentos, casas de electrodomésticos y de indumentaria. Como resultado de la violencia de ese día, 7 personas fueron muertas a balazos durante los saqueos a supermercados.
En este marco, durante la tarde del 19 de diciembre de 2001, el presidente Fernando De La Rúa declaró el Estado de Sitio en todo el país.
La medida decretada por el Ejecutivo fue inconstitucional, pues sólo el Congreso puede declararla en caso de conmoción interior, tal como lo establece el art. 75 inc. 29 de la Constitución Nacional.
Luego de decretar el Estado de Sitio, el Presidente Fernando De La Rúa se dirigió públicamente al país en un mensaje televisivo. En su discurso convocó infructuosamente a las fuerzas opositoras a colaborar en el sostenimiento de la gestión. Sin embargo, casi simultáneamente en todo el país, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas personas comenzaron a hacer ruido golpeando cacerolas, ocuparon la vía pública y espontáneamente se dirigieron en grandes columnas hacia a la Plaza de Mayo.
A la una de la madrugada del jueves 20 de diciembre, al mismo tiempo en que se difundía por televisión la renuncia de Domingo Cavallo, la Policía Federal destacada en la Plaza de Mayo comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que se habían congregado allí, pacífica y ruidosamente. No fueron respetados ancianos, mujeres embarazadas o chicos. Grupos numerosos, más activos, permanecieron en el lugar y resistieron la intervención policial. A partir de entonces se produjeron incendios, pedradas en distintos lugares de la zona céntrica. Todos los participantes “de la virtual pueblada continuaban en la periferia, y parte de ellos continuaban avanzando sobre la Plaza de Mayo”. La situación se prolongó hasta bien entrada la madrugada.
La ausencia de una causa justificada para la represión, la utilización de armas de fuego en el contexto de una manifestación pública, así como la vulneración de los principios de gradualidad y proporcionalidad en la intervención mostraron de forma evidente la ilegalidad del procedimiento.
En la tarde del 20 de diciembre de 2001, el presidente renunció. Minutos más tarde, Fernando De La Rúa abandonaba la casa de gobierno a bordo de un helicóptero y dejó definitivamente el poder. La partida del político radical en helicóptero desde el techo de la Casa Rosada principió una cadena de mudanzas en el poder ejecutivo que, a la postre, derivó en crisis institucional, la más grave en democracia conocida por Argentina.
Fuente: CELS, La protesta social en Argentina durante diciembre de 2001
