El 20 de septiembre de 1984 la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP) entregó al Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, el informe sobre las desapariciones forzadas, los secuestros y asesinatos cometidos por la dictadura militar desde el año 1976 hasta 1983.
Esta comisión fue creada por el Poder Ejecutivo el 15 de diciembre de 1983. Su misión era recibir denuncias y pruebas, remitirlas a los jueces, averiguar el destino de las personas desaparecidas y emitir un informe final detallando los hechos investigados. El decreto 187/83 establecía además, para todos los funcionarios la obligación de prestar amplia colaboración al trabajo de dicha comisión.
La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) estuvo fuertemente comprometida con la tarea de la CONADEP. Doce fueron sus integrantes, siete de ellos eran miembros de nuestra institución; Ernesto Sábato, Presidente de la CONADEP y Presidente Honorario de la Asamblea; Obispo Metodista Carlos Gattinoni y Obispo Católico Jaime de Nevares, Copresidentes de APDH; los miembros de nuestro Consejo de Presidencia: Gregorio Klimovsky, Rabino Marshall Meyer y los Diputados Nacionales Santiago López y Hugo Piucill. Todos ellos trabajaron ad honorem. Además, de los cuatro colaboradores rentados que actuaron como secretarios, dos fueron enviados por la APDH, Graciela Fernández Meijide y el Dr. Raúl Aragón. El Senado de la Nación desistió de la invitación y no designó delegados.
La gran cantidad de información que reunió esta Comisión hizo posible que la Fiscalía pudiera en breve tiempo elaborar y formular su acusación en el juicio a las juntas militares y en otros juicios contra personal de seguridad y militar involucrado. En el corto espacio de diez meses se constató la existencia de 380 centros clandestinos de detención y se recibieron miles de denuncias sobre desaparición forzada de personas. Este esclarecedor y detallado informe fue publicado por EUDEBA en noviembre de 1984, traducido a varios idiomas evidenció ante el mundo la tragedia que vivió nuestro país. En Argentina y en toda América Latina, los crímenes y delitos cometidos por las dictaduras habían quedado siempre impunes. Esta vez la democracia fue capaz de investigar, juzgar y condenar a los responsables de la tragedia a la que fue sometido nuestro pueblo.
Observando el momento en que se encaró este proceso, vemos que la mayor parte de los responsables aún estaban en actividad, en los cuarteles y con las armas a mano y que, si bien el Presidente había sido electo por el 52% de los votantes un 40% había votado al candidato que proponía no derogar la ley de autoamnistía dictada por la dictadura en sus últimos días, es decir que gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas preferían el silencio y el olvido. Este era el contexto de la realidad concreta, es necesario recordarla y comprenderla para entender el porqué de nuestro decidido apoyo a esa difícil y riesgosa empresa. La exhaustiva investigación de la CONADEP, a la cual Ernesto Sábato llamó “un viaje al infierno” y el posterior juicio a los comandantes marcó un auténtico punto de inflexión en la recuperación y la primacía del poder civil y la estabilidad constitucional ante el crónico intervencionismo militar en la vida política del país, posibilitando así el NUNCA MÁS que todos los argentinos estamos decididos a defender.
Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
