El 24 de junio de 2021 se sancionó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, en honor a sus impulsoras.
La “ley de cupo laboral trans” (como popularmente se la conoce) establece que el sector público nacional (en los tres poderes del Estado) debe reservar, al menos, el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero, con el objetivo de que puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.
Forjada sobre la predecesora Ley de Identidad de Género (sancionada en 2012), se trata de una ley clave, ya que, según un informe sobre Derecho al trabajo de la organización Fund.ar, entre el 80% y el 90% de la comunidad TTNB no está incorporada al mercado de trabajo formal y más del 80% manifiesta que las búsquedas laborales son particularmente hostiles.
Según el Departamento de Género y Diversidad de ATE, tras la sanción de la ley 995 personas travestis, transexuales y transgénero ingresaron a trabajar en el Estado, apenas un 15% del total de trabajadorxs que deberían ser contratadxs.
Como parte de su batalla cultural contra todo lo que logra escapar a la heteronormatividad, sobre todo si es de la mano del Estado, el gobierno de Javier Milei decidió meter motosierra y despedir a 100 de esas personas trans ya incluidas en el mercado laboral formal.
“Hasta el 8/4, se ha registrado el despido de 100 personas trans, lo que representa casi el 10% del cupo alcanzado en 2 años y medio (955 contratadas)”, expresaron desde el Observatorio Zaguán Transindical, del Frente de Trabajadorxs TTNB+.
Fuente: Secretaría de Géneros La Matanza
