La Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas”.
La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, la relacionada con la explotación sexual es la más numerosa, constituye y conlleva un fuerte componente de género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.
El primer intento legislativo en el continente americano, contra la prostitución de mujeres, niñas y niños, aprobado desde 1913, sucedió en nuestro país. El autor fue el Dr. Alfredo Palacios, y fue la primera ley en América que protegía a las víctimas de explotación sexual y penalizaba a los responsables.
La explotación sexual y la trata de mujeres constituyen un atentado contra la dignidad de quienes las padecen, carga contra los derechos humanos más elementales, contra valores como la integridad y la libertad y contra la vida misma.