En los cuatro años de Cambiemos los trabajadores perdieron un cuarto de su poder de compra
Por MAGDALENA RUA
Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, los trabajadores perdieron más de una quinta parte de su poder adquisitivo, teniendo en cuenta el nivel de inflación registrada en esa etapa. Para peor, la pandemia agudizó la crítica situación que muchos asalariados ya venían experimentando. La reactivación de la economía en pandemia y su reconstrucción en la pospandemia debe darse de la mano de la recomposición del salario real, que reactivará el consumo, principal componente de la demanda que representa más de dos tercios del PIB.
Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la evolución de la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) fue de aproximadamente 214%, mientras que, en ese mismo periodo, la inflación según el Índice de Precios al Consumidor de INDEC fue del 299%. Esto significa que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos hubo un fuerte derrumbe del salario real de alrededor del 21,4%, lo que equivale a un desplome del poder de compra. Si se analiza la variación general del nivel de precios tomando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), la caída registrada de los salarios reales se torna más profunda. Considerando a este último índice, el incremento de los precios ronda un 340% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, lo que equivale a una caída del salario del 28,6%.
Esta drástica situación para los trabajadores estables se profundiza con la pandemia. Más allá del empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de amplios sectores, la reducción del salario real de los trabajadores estables también resulta en un retroceso de la actividad a partir de la contracción del consumo, que conforma la mayor parte del producto bruto interno. Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo muestran que, en términos reales, teniendo en cuenta la variación del nivel de precios, en julio y agosto de 2020, la remuneración real promedio cayó un 4,6% y 4,8% frente a los mismos meses del año pasado, respectivamente.
En el presupuesto de 2021 se proyecta un repunte de la actividad y crecimiento del PIB del 5,5%. En este sentido, parece ser que el mejor camino para apuntalar la actividad económica consiste en reactivar el consumo interno y, para ello, recomponer los salarios reales. Considerando que el consumo privado representa alrededor del 70% del PIB —a junio de 2020, representó el 68% del PIB, siendo el principal componente de la demanda global—, la reactivación del producto requiere un aumento de los ingresos de aquellos sectores que se vuelcan preponderantemente al consumo; y estos son los sectores de menores recursos, es decir, los de ingresos medios y bajos.
La política neoliberal de la gestión de Cambiemos ha dejado un saldo social escandaloso, que se profundiza con la crisis actual. Según INDEC el coeficiente de Gini (que es una medida de la desigualdad que indica mayores niveles de inequidad cuanto más cerca se encuentre de 1) pasó de 0,427 del segundo trimestre de 2016 —primer dato de la serie que publica actualmente el INDEC— a 0,449 en el tercer trimestre de 2019. El empeoramiento de la estructura social de nuestro país en los últimos años interrumpió la tendencia de avance obtenida durante las gestiones kirchneristas, cuando se había logrado reducir ostensiblemente el Gini que había dejado la crisis del 2001, que arrojaba 0,538 para el año 2002, según los datos del Banco Mundial. En pandemia, a junio de 2020, el Gini alcanza 0,451.
En el segundo trimestre de 2016, la brecha de ingresos promedio entre el decil más rico (el 10% de la población con ingresos más elevados) y el decil más pobre (el 10% de la población con ingresos más bajos) era de 19 veces. En el tercer trimestre de 2019, era de 23 veces. A junio de 2020, la brecha es de 25 veces. El 10% de mayores ingresos obtiene el 33% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico obtiene alrededor del 50% de los ingresos totales, es decir, lo mismo que el restante 80%.
La tasa de desempleo pasó del 8,9%, en diciembre de 2019, a 13,1% en junio de 2020 (aunque se encontraba en 10,6% en el mismo periodo del año anterior).
A junio de 2020, la tasa de empleo no registrado alcanza el 23,8%, el porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza es del 40,9% y el de personas indigentes, del 8,1%.
No se puede dejar de mencionar que esta situación afecta en mayor medida a las mujeres, dado que están sobrerrepresentadas entre los sectores de menores ingresos. La brecha de ingresos promedio entre varones y mujeres es del 29%, lo que indica que los varones obtienen ingresos promedio 29% superior a los de las mujeres.
Las mujeres también son las más golpeadas por los efectos de esta pandemia. El Covid-19 tiene un mayor impacto en ellas, dado que el crecimiento de la pobreza, la mayor cantidad de tareas de cuidados y el aumento del desempleo las afecta de manera desproporcionada. Todo ello considerando la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en los sectores de empleo afectados por la crisis y en los sectores informales.
La pandemia desnuda el abandono de una enorme masa de excluidos y la desatención de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados por la Constitución Nacional a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que goza de jerarquía constitucional) y en el artículo 14 bis. Sin embargo, pareciera ser que determinados sectores buscan atribuirle una jerarquía inferior a estos derechos y otorgarles preeminencia a otros, como el de propiedad privada, con idéntico rango constitucional que los primeros. Recordemos que el 14 bis establece una serie de derechos de los trabajadores sistemáticamente incumplidos, tales como la “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, la “estabilidad del empleado público”, “el acceso a una vivienda digna”, entre otros. La incorporación de estos derechos en la norma constitucional fue a raíz de la reforma constitucional de 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, derogada en 1956 por Pedro Eugenio Aramburu, dejando sin efecto una gran cantidad de derechos económicos, sociales y culturales. La convención constituyente de 1957 ratificó la Constitución de 1853, pero incorporó el artículo 14 bis, que incluyó una pequeña porción de aquellos derechos económicos y sociales característicos de la Constitución de 1949.
Un trabajo realizado por Fabián Amico (2015) en el CEFID-AR sobre los salarios reales en el largo plazo demuestra que, desde 1950, en términos reales siguieron una tendencia a la suba, alcanzando su pico máximo en 1974. A partir de allí comienza una tendencia declinante que persiste hasta 2002, cuando alcanza un mínimo histórico y desde allí comienza a revertirse. Durante el gobierno de Cambiemos, el aumento del desempleo y la caída del salario real dieron por tierra con estas conquistas.
Teniendo en cuenta que el mensaje del proyecto de ley del presupuesto del 2021 señala el rol central que debe jugar el Estado en pos de fomentar la recuperación económica, partiendo de una situación de profunda recesión, no puede perderse de vista que la recomposición del salario real es un elemento crucial para apuntalar la demanda y reactivar la economía. La recesión desencadenada por las políticas del gobierno de Cambiemos y profundizada por la crisis del Coronavirus provoca un aumento de los niveles de desempleo que erosiona el poder de negociación de los asalariados, en un contexto en el cual persiste la inflación y existen fuertes presiones por una devaluación, a partir del cual los sectores más favorecidos buscan reducir los salarios reales e incrementar su margen de ganancia. Deberá ser el Estado en este crítico contexto quien guíe e impulse la recuperación.
Publicado en El Cohete a la Luna/8-11-2020
