El Presidente Milei envió para su revisión al Congreso, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 179/2025) autorizándose a sí mismo para un nuevo “arreglo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin dar a conocer cuáles son sus condiciones.
Comete un nuevo fraude. Y es una aberración que un DNU sea considerado válido sólo porque una sola de las cámaras del Congreso no lo rechace, lo que está sucediendo durante este Gobierno por complicidad o compra de voluntades.
Ese DNU es ilegal. La Constitución Nacional determina que corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (inc.7 Art.75). En tanto, la Ley 27612 determina que todo programa de financiamiento que se acuerde con el FMI requiere de UNA LEY aprobada tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores.
Las condiciones de este “arreglo” no se hacen conocer pues implican la cesión de importantes activos nacionales, entre los cuales van a intentar nuevamente la entrega del Banco de la Nación Argentina, y un mayor ajuste económico para acelerar una brutal transferencia de recursos de los trabajadores, jubilados y familias hacia:
- a) Las grandes corporaciones financieras transnacionales de las que, en los hechos, el FMI es garantía en última instancia aun en contra de los intereses de los países que lo integran. Ya sucedió en 2018 por la gestión de Mauricio Macri y Luis Caputo habilitando una fuga de capitales por 44.000 millones de dólares, poniendo en riesgo al sistema financiero nacional.
- b) Los formadores de precios que, liberados por los DNU de Milei y Caputo, imponen precios brutales a los alimentos, la energía y otros servicios, el transporte, la educación, los medicamentos, la atención a la salud, e insumos imprescindibles para la industria.
- c) Los comisionistas u operadores que pudieran estar vinculados incluyendo corporaciones financieras y sus directivos, funcionarios, consultoras y estudios especializados que ayudan a “gestionar” el círculo vicioso del endeudamiento.
Con esas condiciones ocultas, que sin duda afectarán el tipo de cambio, no es que los “precios caros” que reconoce Luis Caputo bajarán como miente. No. Lo que seguirá bajando es el poder adquisitivo de las familias y la demanda en el mercado interno, mientras cae la actividad productiva, crecen el cierre de empresas y los despidos.
Es un nuevo y gigantesco fraude que -como en 2018- no podría hacerse sin el concurso de las autoridades del Fondo, que así se empujan a la Argentina hacia un quebranto.
No hay error en este “arreglo” de Milei y las autoridades del FMI, que –durante este mandato y los sucesivos- cogobernarán de acuerdo a las metas ocultas que se acuerdan. Responde a un plan que nos pone a merced de los países que mandan en el FMI y las corporaciones transnacionales que quieren apropiarse de nuestros recursos naturales, en un contexto de guerra económica mundial y graves conflictos bélicos en los que este gobierno se involucra arriesgando a la Argentina.
Es decir, estamos en una grave emergencia institucional, con incertidumbre, sin seguridad jurídica, con una represión brutal creciente. Con un Presidente que declara como objetivo destruir al Estado, suplanta al Congreso arrogándose facultades legislativas, con un Poder Judicial con creciente deterioro institucional, manifiesto en la designación por decreto de Jueces de una Suprema Corte de Justicia, morosa cuanto a denuncias sobre los hechos señalados, particularmente sobre la deuda externa.
Sostenemos:
- El Banco de la Nación como confirmó – el 13 de marzo último- un amparo judicial, no puede convertirse en sociedad anónima ni privatizarse.
- La deuda con el FMI deben pagarla sus beneficiarios. El Congreso de la Nación en uso de sus facultades constitucionales y legales debe tratar la creación de un Fondo Nacional para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con recursos provenientes de quienes no cumplieron con sus obligaciones tributarias legales y/o se beneficiaron con esa deuda como sucedió en 2018.
- Ese Poder Legislativo debe hacerse cargo de la negociación sobre la deuda pública tal como dispone la Constitución, derogar con urgencia los DNU emitidos desde el 10 de diciembre de 2023 y las facultades legislativas que inconstitucionalmente se han concedido al Presidente de la República, hoy en extremo condicionado por su voluntad de destruir el Estado y por la investigación de una estafa en criptomonedas y tráfico de influencias en curso.
- Debe constituir una Comisión de Seguimiento de la deuda externa, que investigue el acuerdo contraído ilegalmente por el Gobierno del Sr. Mauricio Macri con el FMI, organismo que lo otorgó violentando de manera flagrante su propio Convenio Constitutivo, con riesgo moral y conociendo sus consecuencias.
- Iniciar de inmediato el procedimiento de Juicio Político para garantizar el funcionamiento constitucional del Estado, la seguridad política, jurídica y de las personas.
- Todas y todos los legisladores nacionales tienen obligaciones inexcusables en relación a estas cuestiones, incluyendo la que hace a la inmediata derogación del DNU por el que, el Poder Ejecutivo, pretende imponer el nuevo acuerdo con el FMI.
- Análoga obligación tiene la Suprema Corte de Justicia. Deben tener trámite urgente las causas relacionadas demoradas en la Justicia, inclusive fundadas en detallados informes de la Auditoría General de la Nación.
- Debe exigirse al FMI que suspenda los sobrecargos de intereses que injustamente viene cobrando, y devolver los percibidos –que ascienden a más de 5000 millones de dólares – para atender la emergencia económica y social ocasionada por decisiones contrarias a su convenio constitutivo.
Las naciones integrantes del Fondo Monetario Internacional y las autoridades de este organismo deben asumir que en estas condiciones es evidente la inviabilidad y graves consecuencias del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas. Por ello la Nación Argentina debe considerar, selectivamente, NO PAGARLA.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2025
SECRETARIADO GENERAL NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN BANCARIA
