Tras diversos intentos golpistas que incluyeron, el 16 de junio de 1955 un bombardeo de la aviación naval a la Plaza de Mayo, que dejó cientos de asesinados, en septiembre de 1955 una asonada militar pone fin al gobierno peronista elegido poco antes por el 60% de los argentinos. Se instauró una dictadura cívico militar.
En un acto cargado de perverso simbolismo el cadáver de Eva Perón fue secuestrado de la sede de la CGT.
Por decreto no se podía nombrar a Perón ni al peronismo, ni cantar su marcha o usar símbolos partidarios, entre otras prohibiciones.
La Constitución sancionada en 1949, que daba rango constitucional a los derechos económico-sociales fue anulada y miles de dirigentes gremiales y políticos peronistas fueron encarcelados.
Algunos militares peronistas fueron encerrados en un barco que hacía las veces de prisión. Allí estaban los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, entre otros oficiales y comenzaron a conspirar para armar una contrarrevolución cuyas principales demandas serían exigir el cese de la persecución al peronismo, la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los miles de presos políticos y gremiales encarcelados.
Ahí comenzó el movimiento que tomó fuerza unos meses después.
Los dictadores, el General Pedro Eugenio Aramburu y el Almirante Isaac Rojas, su vice, tenían información de la conspiración pero decidieron no interrumpirla para «dar un escarmiento».
Tal es así que en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para socavar la base social del movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el decreto 10.362 que decretaba la Ley Marcial, y preparados los decretos 10.363, que establecía la pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados.
Los levantamientos ocurrieron entre las 22 hs. y las 24 hs. del 9 de junio. A las 0,30 hs del 10 de junio, el gobierno estableció la Ley Marcial. Es decir, que para que la ley marcial fuera utilizada contra los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal.
Pocas horas después, se firma el decreto 10.363 que ordena el fusilamiento de quienes violen la Ley Marcial.
Como se dijo los fusilamientos estaban decididos de antemano por el gobierno de facto. En la madrugada del 10 de junio, entre las 2 y las 4 de la madrugada, son asesinados los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Suárez, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, a cargo de la policía bonaerense, le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren posteriormente.
Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, será el «fusilado que vive» que permitirá al escritor y periodista Rodolfo Walsh reconstruir la historia a través de una investigación publicada en artículos desde enero a marzo de 1957, y que luego constituyó la base de su célebre libro «Operación Masacre».
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu —que había regresado ya a Buenos Aires el 10 al mediodía—sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal militar que realiza un juicio sumarísimo y concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que la orden se deje por escrito. En respuesta, Aramburu firman el decreto 10.364 que detalla la lista de once militares que deben ser fusilados. Este es el único documento que queda oficialmente inscrito en la historia. No existen registros de esos juicios sumarios. No existe registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte de esos peronistas.
El 12 de junio, Valle decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión y se le respetara la vida. A las 14 horas de ese día ingresa al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el general Lorio. Después es enviado a la Penitenciaría Nacional a las 22,20 el General Valle fue fusilado por un pelotón cuyos nombres fueron guardados como un secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables.
El 13 de junio, cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), general Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. El embajador y su mujer se interpusieron y lograron salvarlos. El saldo de la sublevación fue trágico y premonitorio de lo que vendría durante los muchos años de inadmisibles e ilegales represiones hasta 1983: 33 asesinados.
