“Cualquier compañera o compañero -porque hay varones trans también- que vaya a cualquier registro civil del país van a poder hacer su cambio de DNI y no van a tener que pagar con su cuerpo ni con ninguna pericia psiquiátrica ni médica, que son de terror”, decía la histórica activista travesti Lohana Berkins en noviembre de 2011, cuando el proyecto de Ley de Identidad de Género esperaba para ser tratado en la Cámara de Diputades.
Diez años después, 12.655 personas pudieron acceder a este derecho y tener un DNI conforme a su identidad de género.
Con 55 votos afirmativos, ninguno en contra y una abstención, el Senado convirtió en ley el 9 de mayo de 2012 el proyecto militado durante años por las organizaciones del colectivo travesti trans. Se oficializó, así, que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme” a ella y a ser tratada de forma digna de acuerdo su identidad.
La Ley N° 26.743 modificó la vida de las personas alcanzadas por ella y también la de la población argentina en su totalidad. Sin embargo, esta normativa que puso a Argentina a la vanguardia en el mundo, está siendo atacada por el gobierno de Javier Milei. En febrero de este año, la gestión libertaria modificó por decreto la ley, sustituyendo el artículo 11, que es el que expresa el derecho al libre desarrollo personal, y lo reemplaza por un texto donde se prohíbe los tratamientos a personas menores de edad. Por otro lado, prohíbe que quienes hicieron un cambio registral se alojen en pabellones de mujeres, en caso de que estén detenidas por cometer delitos sexuales o ejercer violencias contra mujeres.
La identidad de género es un derecho, no se prohíbe modificando una ley que es un logro de la democracia. El gobierno insiste en una lógica de confrontación y mentira con uno de los colectivos más vulnerados, habilitando otros ataques.
Fuente: Agencia Presentes
