No es posible callar ante gravísimos hechos de degradación de la Democracia que importan no sólo un peligro cierto, sino también una vulneración de los derechos de las y los trabajadores que tenemos la obligación de representar.
No es posible el silencio cuando no hay justicia pues hay castas que desde el poder corporativo, mediático, y lo que es más grave desde el Poder Judicial pretenden consagrar un orden sistemático de violación de los derechos sociales y políticos que hacen a la existencia de una sociedad humana, en beneficio de minorías a las que sólo importa el mayor beneficio propio, acumular riqueza a costa de los demás.
Esto no es nuevo en nuestro país, sucedió y sucede siempre que hubo gobiernos que avanzaron en el desarrollo que hacen a nuestras condiciones de vida. Así se persiguió y se persigue con prácticas similares y armado de causas a Yrigoyen, a Perón, y hoy a la Vicepresidente de la Nación.
La estrategia siempre es la misma escandalizar con el armado – en ámbitos donde se trafican influencias -apertura y sustanciación de procesos por supuestas decisiones prebendarias en la gestión pública, a la par que –en similares ámbitos dadivosos- se pergeñan estrategias que encubren un fabuloso vaciamiento de nuestro país.
E incluso se favorece a alguno de sus responsables. No es de ahora. Así ocurrió con el ex Presidente Fernando de la Rúa, cuando se lo eximió de responsabilidad en la causa de las coimas en el Senado para imponer una reforma laboral regresiva, o por la brutal matanza de Diciembre de 2001 con la que, declaración del estado de sitio de por medio, se intentó frenar la legitima protesta popular ante el quebranto nacional, acelerado por los duros condicionamientos del Fondo Monetario.
Memoria indispensable cuando juzgan gestiones del Poder Ejecutivo, se analizan rupturas de la Democracia y se comprueba el inevitable crecimiento de la conflictividad social que se acrecentará por las extorsiones de los formadores de precios y las inviables exigencias del mismo FMI.
Por supuesto, sin dudar, exigimos que se investiguen judicialmente TODAS las acusaciones, pero TODAS, y también que se actué sin dilación en todos los DELITOS DE ACCION PUBLICA.
Dicen defender la JUSTICIA cuando en realidad promueven la NEGACION DE JUSTICIA, como se comprueba en la pasividad de los jueces ante delitos de acción pública con manifiesta violación de la legislación vigente o la inacción procesal en causas que afectan la vigencia de la Democracia, la economía nacional y de la mayoría de las familias argentinas.
Asi sucede en causas que afectan el poder económico, como en el caso de la magistrada que tiene a cargo por un lado tramitar la acusación por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta de Macri, Caputo y Sturzzeneger en la contratación del crédito con el Fondo Monetario en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos en beneficio de corporaciones indebidamente protegidas por el “secreto fiscal”, o a la vida democrática, como en el caso de la misma magistrada que ha rehuido investigar la implicancia empresaria en el operativo destinado a asesinar a la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Y no cabe duda que en estas causas amañanadas, como en otras, – incluso a dirigentes sindicales y sociales – se afectan los derechos de todas y todos. No sería necesario decirlo, pero hay que hacerlo: nadie está a salvo cuando se promueve la violencia, se plantea un aniquilamiento físico, psicológico, cívico o económico.
En el aspecto económico, el costo de la contratación criminal de ese fabuloso crédito con el FMI, que financió no sólo la fuga de capitales sino también la correspondiente evasión tributaria, está a la vista en el cruel ajuste que sufrimos para pagarlo. En la pérdida de nuestro poder adquisitivo. O en el impuesto a nuestros salarios que no son ganancia. O en la intolerable injusticia de la falta de actualización suficiente de las jubilaciones.
O en sus condicionamientos a las decisiones económicas. Por citar un ejemplo, en octubre último ante la inflación desbocada el Fondo sostuvo “más tendrán que subir las tasas de interés”, como si estas no influyeran en el alza de los alimentos u otros consumos indispensables de las familias o en los precios en general, que se traducen en millones de familias bajo la línea de pobreza, niños y niñas en creciente situación de indigencia como se conoce por estas horas.
Si la JUSTICIA no actúa ante el tráfico ilegal de divisas , la evasión impositiva en beneficio de las grandes corporaciones empresarias, y la criminal contratación de Deuda con el FMI lo pagamos todos
Si las demandas judiciales de los trabajadores por el fraude laboral de las tercerizaciones y del empleo no registrado tardan años en resolverse y por esta vía se desalientan, se convalida la violación de derechos laborales como lo comprobamos en nuestra propia actividad; también se convalida la elusión tributaria que hemos de pagar entre todos.
Si la Corte Suprema de Justicia insiste en impedir la regulación de los precios de los precios del servicio de internet –impidiendo su declaración como servicio público esencial- cuando es considerado un derecho humano por la ONU, lo que hace es habilitar a que nos roben todos los días.
Estamos ante un Poder Judicial donde, con privilegios intolerables, se instrumentan procesos judiciales con el fin de condicionar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en sus decisiones, e influir mediante procesos amañados imponiendo proscripciones electorales, para favorecer a los candidatos pro empresarios que promueven la derogación de nuestros derechos laborales.
LA INACCION JUDICIAL CONTRA EL PODER ECONOMICO, Y LA INSTRUMENTACION – articulada con las corporaciones económicas – DEL PODER JUDICIAL COMO CONTRAPODER DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO CUYOS INTEGRANTES SON ELECTOS POR EL PUEBLO ATENTAN CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL.
No es casual que coincidan con los permanentes golpes de mercado alentados por los principales formadores de precios.
Estamos convencidos de que no hay DEMOCRACIA sin JUSTICIA, ni JUSTICIA SIN JUSTICIA SOCIAL.
Por todo ello, y porque se nos impone una confrontación inevitable, exigimos:
- Una inmediata ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema y una reforma judicial que garantice el ejercicio de la soberanía popular en la elección de los jueces y del Consejo de la Magistratura.
- La elevación a la Corte Suprema de Justicia de la causa por la criminal contratación de deuda con el FMI contrariando los estatutos de esta entidad y la inmediata revisión del inviable e inflacionario acuerdo de marzo de este año con esa institución
- La liberación del secreto fiscal en cuanto a personas y corporaciones sospechadas de fugas de capital, de trafico de divisas, lavado de dinero, evasión tributaria, así como de eventuales beneficiarios de la contratación de deuda con el FMI
- La reforma del impuesto a las ganancias sobre ingresos alimentarios dando urgente tratamiento al Proyecto presentado por los diputados nacionales bancarios
- La revisión de los salarios diferidos de las y los Jubilados, cuya actualización no ha sido suficiente.
- Urgente revisión pública de las estructuras de costos de producción y comercialización de alimentos, energía e insumos imprescindibles para la producción.
- Urgente tratamiento de los proyectos legislativos que garanticen que se hagan cargo del pago de la deuda sus beneficiarios
- no hay justicia
